Los encargados de llevar adelante las negociaciones por el traspaso del control y de la fiscalización del juego de la Nación a la Ciudad empiezan a evaluar la estatización el Casino Flotante, cuya concesión vence a fines de 2019 y no puede ser renovada por la traba que impone la Constitución de la Capital.



El proceso -que fue encabezado por el parlamentario del Mercosur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, histórico asesor legal de Mauricio Macri- culminó anteayer, cuando se hizo efectiva la transferencia.

En función de la restricción constitucional, sólo hay dos alternativas posibles: la estatización o el cierre de los barcos casino de Puerto Madero. Uno de los motivos que conllevan a analizar la opción de estatizarlo es que, con un posible cierre, 2000 puestos de trabajo se perderían de un día para el otro. Además, influye la merma de recursos que implicaría para las arcas porteñas, que durante este mes -según se prevé- comenzarán a recibir los fondos congelados que todavía retenía Lotería Nacional.

En el hipódromo la situación es diferente, debido a que el contrato fue extendido por Néstor Kirchner hasta 2032.

“Todavía no hay nada concretado, pero se evalúa estatizarlo para seguir contando con los fondos”, dijo una de las fuentes que participaron de todo el proceso. Voceros del gobierno porteño, por su parte, remarcaron que aún no está en agenda esa cuestión porque “se acaba de terminar el traspaso“. No obstante, en los despachos de funcionarios ligados al tema se confirma que el cierre del Casino Flotante sería, por ahora, la alternativa menos deseada.

Se calcula que, este año, entre lo que se recauda por impuestos al juego más el monto correspondiente a los ingresos por la moratoria a la que adhirieron las sociedades que explotan el Hipódromo Argentino de Palermo (Hapsa, de Federico de Achával) y el Casino Flotante (la española Cirsa y Ricardo Benedicto, a quien Cristóbal López vendió su parte) llegarán al estado porteño $ 2100 millones.
Desde anteayer, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado (Lotba) -cuyo presidente es Martín García Santillán, que responde a Rodríguez Simón- tendrá la potestad de control sobre las 6000 máquinas tragamonedas y las 1270 agencias de juego que funcionan en territorio porteño.

El destino de esos fondos, y de los que se encuentran congelados en Lotería Nacional desde diciembre de 2015, se repartirán un 70% para el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y un 30% para financiar programas de salud y educación. El dinero correspondiente a 2016 y a este año ya fue incluido en el presupuesto porteño de 2017 por el Ministerio de Hacienda, por lo que no se tratará de fondos extras.

El proceso de traspaso del control del juego comenzó a ejecutarse luego de la victoria en las elecciones presidenciales de aquel año. Incluyó comunicaciones formales con Hapsa y Casino Club para confirmarles que no desestimarían del reclamo de los ingresos brutos adeudados. En octubre del año pasado, los empresarios adhirieron a la moratoria.

Meses después, en la Casa Rosada firmaron el decreto que aumentó el canon del casino de 20% a 30%, equiparándolo con el que paga el hipódromo. El paso siguiente fue presentar el proyecto de traspaso, que incluyó la creación de Lotba para hacerse cargo de casi la totalidad de las competencias de Lotería Nacional.

El factor político jugará un rol clave, según explicaron, en la toma final de la decisión de estatizar el Casino Flotante; también dependerá de quién sea el adversario de cara a 2019. Más aún cuando en 2015, por la presión que generó en la opinión pública Martín Lousteau con su postura sobre el tema, el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri tuvo que dejar caer el convenio que regía entre Lotería Nacional y el ex Instituto de Juego porteño.

“Bien administrado como está ahora y con un control serio, si bien el margen de ganancia en porcentaje es pequeño, constituye un monto más que interesante“, precisaron fuentes al tanto de la operatoria.

Consultados al respecto, desde el sector empresarial dijeron que el margen de ganancia actual, como consecuencia de la presión impositiva, “es igual a tener un bono“, análisis que comparten varios funcionarios con competencia en la materia. “Si bien el nivel, en cantidad de dinero, de las ganancias parece mucho, es un porcentaje chico en comparación con lo que se invierte para que sea rentable”, explicaron.