1 de febrero de 2018
AUDITORíA
Una Ciudad sin control
Por primera vez, un Plan Anual de Auditoría no lleva la firma del presidente del organismo. Cecilia Segura, a cargo de la AGCBA, decidió no acompañar el proyecto impulsado por el oficialismo, que desestima controlar más de 150 mil millones de pesos, equivalente al 87 % del presupuesto.
Todos los años, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) elabora un plan de trabajo por el cual controla distintos aspectos de la gestión del Gobierno porteño. Este año surgió la polémica luego de que Cecilia Segura Rattagan, la presidenta del organismo, votara en contra del Plan Anual 2018, hecho que sucede por primera vez desde la crea-ción del ente en 1999.
La funcionaria acusó al oficialismo de imponer, mediante sus auditores, una planificación que no considera las propuestas de la oposición, además de desconocer gran parte de la planificación elaborada por las áreas técnicas del organismo de control.
Al respecto, Segura señaló que “el oficialismo quiere limitar el trabajo de la Auditoría para que no se los controle. Con la decisión que impuso el macrismo, la cantidad de infor-mes a realizar en 2018 caerá un 14 %. Por ejemplo, no quieren que se con-trolen los gastos más importantes de su gestión, como el Paseo del Bajo, las obras de subte, las compras de equipamiento para la policía y la urbanización del Barrio 31.
Estos son programas que implican miles de millones de pesos, y no podrán ser auditados”. Además, la representante de la oposición agregó que “el discurso de transpa-rencia que utilizan los funcionarios de Cambiemos no se condice con estas prácticas políticas, que erosionan la calidad institucional del sistema democrático. Con el plan impuesto por el macrismo, sólo se podrá analizar el 13 % del presupuesto de la Ciudad”.
El Plan Anual 2018 original constaba de 95 informes. Segura denunció que el oficialismo, con mayoría en el cuerpo, dio de baja 32 -dentro de los cuales están los más ‘sospechosos’- y agregó otros 26 que no revestían mayor conflictividad. Pero lo llamativo es el monto que quedará sin auditarse: 154.994.304.321 de pesos, que representan el 87 % del total del pre-supuesto del año pasado.
La exlegisladora del FIT, Laura Marrone, opinó que la situación “es muy grave. No me sorprende. El gobierno del PRO es la negación de lo que dice. Es decir, dice y hace distinto. Tiene un discurso para la propaganda y un accionar que no se corresponde con eso”.
En la misma sintonía, el legislador del interbloque Evolución, Marcelo Depierro (Mejor Ciudad), expresó a Qué su preocupación por la situación: “Es algo que se está repitiendo en la órbita del Gobierno de la Ciudad. Cosas que exigía el PRO como oposición, cuando el Gobierno nacional era de otro signo político. Determinadas cosas que exigía antes en la Auditoría nacional son cuestiones que después no respeta dentro de la Ciudad”.
Cabe recordar que el cuerpo colegiado que integra la AGCBA se compone de acuerdo a la representatividad parlamentaria del distrito. En la actualidad, además de las cuatro plazas asignadas para el oficialismo (divididas en tres del PRO y una de la Coalición Cívica), el Frente para la Victoria tiene dos lugares (uno de ellos corresponde a la presidencia de Segura); y, por último, el espacio Evolución se lleva otro cargo.
Depierro cuestionó la actual composición del organismo de contralor y planteó, a partir de la conformación del frente Vamos Juntos, que hay representaciones que deben ser rediscutidas. El diputado agregó que “correspondería, tanto en las empresas de la Ciudad co-mo en los entes descentralizados, así como en la Auditoría misma, que la gente que asumió por un espacio que ahora no integra devuelva esos lugares para que la verdadera oposición pueda ocuparlos y trabajar”.
Cecilia Segura quiso resaltar la gravedad institucional que promueve el caso, y sostuvo que “es muy grave que, en un organismo de control ex-terno, en donde debe garantizarse la pluralidad de visiones, los representantes del Poder Ejecutivo hayan im-puesto un plan de trabajo sin generar espacios de consensos, como señalan las buenas prácticas democráticas. La Auditoría, por definición, es un organismo de control externo; es decir, realiza un control por fuera del Poder Ejecutivo. Por eso, en su diseño institucional, está previsto que sea presidido por la primera fuerza de la oposición”.
La dirigente Marrone, quien volverá a asumir una banca en diciembre, agregó que “hay una farsa de este go-bierno que dice estar de acuerdo con la transparencia de la obra pública pero, cuando le compete, la oculta, la tergiversa, la esconde, como es el caso que se está denunciando”.
Consultado sobre cuáles serán los pasos a seguir con el conflicto, Depierro expresó que “la idea es ver de qué forma podemos, por lo menos, visibilizar este conflicto. Y en la medida que se pueda, a través de los distintos auditores que tiene la oposición, poder reclamar que estos planes, aunque sea de forma extraordinaria, se incluyan”, concluyó.
En tanto, Laura Marrone sostuvo que “esto debe ser tratado a nivel público, a nivel Legislatura y en la Justicia, por-que hay incumplimiento de la normativa que reclama el derecho a la transparencia y a la auditoría de los principales recursos del Estado”.
La Presidenta de la Auditoría General de la Ciudad sostuvo que “nuestro deber es representar a todos los ciudadanos porteños y velar por el buen uso de los recursos públicos, no el de defender los intereses del oficialismo de turno”, afirmó Segura.
Para finalizar, Marcelo Depierro sentenció que “si vos no tenés nada que ocultar, la auditoría es un apoyo a la gestión. Pero es llamativo que las obras más grandes que tiene la Ciudad a nivel monetario sean obras que queden excluidas de un plan de auditoría”.
Proyectos que el oficialismo se negó a auditar
Paseo del Bajo
Es un corredor vial de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata. Cuatro carriles exclusivos para camiones y óm-nibus de larga distancia, a los que se suman los 8 carriles (4 en Alicia Mo-reau de Justo y 4 de Ingeniero Huergo) para tránsito liviano. El costo total de la obra fue estimado en 650 millones de dólares, de los cuales 340 son financiados con un préstamo de Corporación Andina de Fomento (CAF). Según el Gobierno de la Ciudad, la obra finalizaría en noviembre de 2019.
Tramo A: Corsan - Corviam UTE $ 1.500 millones.
Tramo B: Green - CEOSA UTE $ 1.600 millones.
Tramo C: IECSA - Fontana Nicastro UTE $ 3.100 millones (Calcaterra).
Servicio Alimentario a las Escuelas Primarias
Este ítem no sólo posee gran importancia económica, dado que representa más de 1.300 millones de pesos, sino también una gran relevancia social y sanitaria, pues se trata de la alimentación que reciben más de 140 mil chicos que asisten a los comedores de las escuelas primarias de gestión estatal en la Ciudad.
Bagalá, Teylem, Equis Quince, Cook Master y Compañía Integral de Alimentos son empresas que durante la gestión Macri se llevaron suculentos contratos de alimentos en la Ciudad, tanto del ministerio de Educación como del ministerio de Desarrollo Social y de Salud. Ya existían informes previos que detallaban las falencias e incumplimientos en la asistencia alimentaria en escuelas primarias, educación especial y jardines maternales.
Subtes
El proyecto de Construcción, Ampliación y Modernización de la Red de Subterráneos, con un presupuesto sancionado de 2.500 millones de pesos. La planificación no incorpora ninguna auditoría vinculada con los subterráneos, siendo uno de los servicios públicos más importantes de la Ciudad, con un volumen de alrededor de 900.000 viajes por día. La AGCBA ya detectó irregularidades en la Licitación 144/10 de construcción de la Linea H (denunciado en el informe 1.16.02 Subterráneos de Buenos Aires - Linea H) que fuera adjudicada a la UTE Techint-Dycasa en 2011.
Infraestructura escolar
Se pretendía auditar todo el programa, sobre todo la inversión en Infraestructura Escolar de Nivel Inicial, que es el área en donde se registra la mayor cantidad insatisfecha de demandas. El presupuesto sancionado, que asciende a un monto de 1.002 millones de pesos, corresponde al gasto destinado a la infraestructura escolar de todos los niveles (inicial, primario, secundario, terciario y especial). Sin embargo, en la planificación, el oficialismo limitó la infraestructura solamente a Nivel Primario.
Educación, de las menos controladas
En el borrón de informes que auditan acciones de gobierno, una de las áreas que su-frieron mayores recortes en lo que respecta a la falta de control es Educación. La presidenta de los auditores porteños aclaró que el oficialismo no permitió controlar los subsidios a la Educación Privada.
Según aportó Laura Marrone, docente y especialista en el tema, en 2017 fueron destinados $ 5.300 millones, más $ 570 millones de una ampliación que hubo a mitad de año. “Hablamos de partidas muy grandes que no tienen auditorías y, al mismo tiempo, hay subejecución de lo que corresponde a las partidas presupuestarias, que estaban destinadas a infraestructura escolar”, señaló Marrone. En tanto, en materia de servicios alimentarios que se brindan a las escuelas, la AGCBA desechó los informes que pretendían controlar montos cercanos a $ 1.300 millones.
“La transparencia de la gestión PRO es cada vez más opaca”
La legisladora Andrea Conde (Unidad Ciudadana) sostuvo que “lo que sucedió en la Auditoría de la Ciudad este año es inaudito. La presidenta del or-ganismo no podía hacer otra cosa que votar en contra de un plan para auditar un porcentaje tan pequeño del pre-supuesto. La transparencia en esta gestión del PRO en la Ciudad es cada vez más opaca”.
Conde agregó: “El plan del oficialismo es ‘auditar algo para no auditar nada’: incorporan rubros e informes insignificantes a cambio de no auditar los proyectos de mayor envergadura y los que más presupuesto tienen”. Por último, la diputada dijo que “es sorprendente el desparpajo con el que presentan un plan que no audita nada y les permite seguir haciendo sus negocios sin control estatal”.
Obras y ‘conflictos de intereses’
“No sólo pasa por el marketing, sino que es uno de los gastos más grandes que va a tener que afrontar la Ciudad por lo menos en estos 4 o 5 años”, se refirió el diputado Depierro a la megaobra del Paseo del Bajo. Asimismo, reclamó que, “en el Gobierno nacional, ante cualquier acto polémico, dicen que es ‘conflicto de intereses’ y no pasa de ahí”. Y resaltó que eso se evidenció en la obra pública en la Ciudad, y en la relación que tiene el presidente con su amigo Nicolás Caputo y su pri-mo, Angelo Calcaterra.
LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN #173 DE REVISTA QUÉ