La muerte de la legisladora porteña por Evolución, Débora Pérez Volpin, dejó en evidencia una de las falencias que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mandó a corregir cuanto antes: la falta de reglas electorales claras.
A fines de 2016, más precisamente el último día de ese año, el Gobierno envió a la Legislatura el primer Código Electoral de la Ciudad. Sin embargo, el año de elecciones y las críticas internas hicieron que su tratamiento se pospusiera. Por cuestiones de fechas, ese proyecto perdió estado parlamentario al iniciar el 2018.
Al fallecer Pérez Volpin, producto de una presunta mala praxis al momento de realizársele una endoscopía, tanto en su bloque como en el oficialismo se planteó la duda sobre cómo se debía avanzar en su reemplazo.
En el sector de Martín Lousteau hubo una pequeña interna con la Unión Cívica Radical porteña, debido a que él no quería perder un lugar en representación, y por eso sostuvo que la reemplazante debía ser la sexta en la lista, la secretaria par-lamentaria de su bloque, Bárbara Bonelli, y no quien se encontraba en el quinto lugar, el radical y exfuncionario porteño Leandro Halperín. La UCR sostenía lo contrario y, finalmente, terminó imponiendo su voluntad, en una discusión que se sal-dó en tiempo record.
En el oficialismo sucedió algo similar. En una charla el día des-pués de conocida la noticia del fallecimiento de Pérez Volpin, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, intercambió opiniones con el vicepresidente prime-ro de la Legislatura, Francisco Quintana, y el jefe de bloque de Vamos Juntos, Agustín Forchieri. El primero de ellos, según reconstruyó este medio, afirmó que se debía respetar el cupo femenino. Los dos restantes esgrimieron el argumento de que eso sería imposible debido a que, en la Ciudad, no había una reglamentación electoral, por lo que se debía seguir con el parámetro que regía desde siempre.
Esa situación, que fue meramente anecdótica, graficó que también, en el oficialismo, no había posturas claras al respecto de cómo avanzar. Allí volvió a ganar peso el subsecretario de Reforma Política, y coordinador de la iniciativa Argentina Debate, Hernán Charosky, quien entendió que era el momento de volver a avanzar con el proyecto. La impronta de velocidad es tal que esta semana, en Uspallata, las máximas autorida-des del ministerio de Gobierno, a cargo de Bruno Screnci Silva, y el resto del Gabinete, le darán los toques finales para enviarlo a la Legislatura, posiblemente esta misma semana.
Uno de los cambios que fueron rechazados, tanto por el jefe de Gobierno como también por el sector de la Coalición Cívica en el primer proyecto, fue la creación de un Tribunal Electoral de primera instancia. Hoy en día, para las elecciones porteñas, el único tribunal que las controla es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). ”La particularidad es que se trata de un tribunal de segunda instancia que actúa como si fuera de primera”, explicó una alta fuente oficial. Ante esa situación, desde la concepción del tribunal, con la creación de la Constitución porteña, uno de sus magistrados ofició como juez de primera instancia.
“Esto fue para que se cumplie-ran, de alguna forma, las estructuras legales con las que debe contar una elección”, afirmó una calificada fuente judicial. Sin embargo, en el borrador que se encuentra en Uspallata, y al que tuvo acceso este medio, a diferencia de lo que se presentó antes, ahora los tres jueces que lo integren serán camaristas del fuero porteño, que dejarán por el periodo electoral sus funciones para abocarse al control de los comicios.
“Todo va a ser con la estructura acorde, tres jueces, secretarios y demás empleados, pero todos ellos direccionados. No se va a contratar nuevo personal”, explicaron fuentes gubernamentales. El organismo, que sería el encargado de conformar dicho tribunal, sería el Consejo de la Magistratura porteño.
La mecánica será la siguiente. Cuando se convoquen oficialmente a las comisiones, se constituirá dicho tribunal. Los camaristas que lo integren dejarán sus actividades en sus respectivas cámaras de origen. Cuando finalice el escrutinio definitivo, regresarán. Lo que también se modificó para reducir su gasto es la Agencia de Gestión Electoral, que tendrá menor estructura que la que se pensó en el primer proyecto; ahora será un instituto, pero con el mismo nivel de autonomía.
Los requisitos para la selección del director del mismo se mantendrán, algo que hace pensar que será difícil su selección debido a que “no hay casi nadie realmente acorde para cumplir con lo que se pide”. Como consecuencia de la creación de dicho instituto, la Dirección Electoral, que se encuentra en el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Martín Ocampo, va a dejar de existir. Para evitar problemas de despidos, se evalúa la transferencia al instituto a todo el personal, cuando sea creado.
En cuanto al sistema de votación, dicho organismo tendrá la potestad de definirlo para cada elección, dependiendo de los criterios de incorporación de tecnología más aptos en cada comicio; es decir, tiene que ir avanzando a medida que aparezcan nuevas formas avanzadas de votar. Sin embargo, existe una condición que será innegociable: deberá haber un respaldo en papel, del voto que se emitió, para evitar que un “hackeo”, por ejemplo, genere algún tipo de alteración en el resultado de la elección.
LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN #181 DE REVISTA QUÉ |
