Un fallido emprendimiento inmobiliario en Coghlan se transformó en una bomba de tiempo para el Gobierno de la Ciudad. La paralización de la obra por parte de la Justicia motivó que los compradores iniciaran reclamos contra los desarrolladores y el GCBA por más de U$S 150 millones.

Un conflicto inmobiliario en la Ciudad amenaza con una demanda multimillonaria en dólares. Además, los pormenores del entuerto desnu-dan los manejos discrecionales en esta materia que realiza el oficialismo en el distrito.

De concretarse el resarcimiento a los compradores, el proyecto “Palacio Ro-ccatagliata”, en Coghlan, puede significar un duro golpe para las arcas de todos los porteños (se calcula que la demanda hacia los desarrolladores y el GCBA oscilará entre los U$S 150 y 200 millones). El hecho también sentará precedente para los futuros inversores inmobi-liarios que apuesten por hacer negocios en la Ciudad.

En octubre del año pasado, la Cámara de Apelaciones ratificó, de manera unánime, el fallo que frenó el avance de la construcción del megaproyecto inmobiliario en el Palacio Roccatagliata. De esa manera, quedó firme la acción de amparo presentada ante la Justicia por el exlegislador Gustavo Vera en no-viembre de 2016. En la denuncia inicial, el titular de La Alameda sostuvo que la edificación era irregular y alegó que la obra debería contar con un permiso o cambio de zonificación por parte de la Legis-latura porteña. Añadió que el proyecto contradecía el Plan Urbano Ambiental.

Vera planteó que “la obra violaba todos los parámetros urbanísticos que establece el Código de Pla-neamiento (CPU) para esa zona”, y precisó que “esa violación generaba una rentabilidad y valorización de suelo desproporcionada para los propietarios del mismo”.

El abogado Juan Facundo Etchenique representa a no menos de treinta compradores damnificados por los desarrolladores del Palacio Roccatagliata S.A. Pero aclaró que los treinta comprado-res representan mucho más que 30 unidades. El patrocinante legal habló con Qué y explicó que los compradores “son personas físicas y jurídicas que pagaron casi la totalidad del precio de los departamentos, y hoy ven trunco el esfuerzo que hicieron del pago de muchos años, con una estructura edilicia que no tiene continuación”.

El letrado dijo que, en diciembre pa-sado, comenzaron las acciones legales contra los constructores, y que motori-zaron las distintas mediaciones prejudiciales. El abogado advirtió que ya están en camino a la demanda, ejecutando previas medidas cautelares de resguardo patrimonial.

“Nuestros clientes pusieron el dinero y los desarrolladores no ofrecieron al-ternativa de solución. Dicen que el dinero no lo tienen, que no pueden entregar bienes de otros proyectos que tienen. Han dicho no a la readecuación de la obra, si fuera posible”, sostuvo Etchenique. Y agregó que “hoy nos queda el camino judicial contra los desarrolladores, como principales demandados en esta relación contractual y contra el GCBA, por su accionar con relación a este permiso”.

Quienes tuvieron un papel preponderante en la historia de Roccatagliata fueron los vecinos de Coghlan. Isabel D’Amico vive desde hace 26 años en el barrio, y contó que, en 2010, ocho vecinos comenza-ron con la idea de hacer algo por preservar el valor patrimonial que significaba el inmueble. Cuando finalizaba la concesión del predio, donde funcionaba una estación de servicio, los vecinos comenzaron a juntar firmas para pedir en la comuna que fuera una plaza y un centro cultural.

D’Amico relató que, por aquel entonces, “no estaba definida la catalogación de Roccatagliata; es decir, que no se la comprendía como un testimonio barrial. Se hizo una presentación en la Legislatura para que se la considerara como patrimonio histórico”.

La vecina dijo que, entre 2010 y 2013, hubo muchas idas y vueltas en torno al destino del mítico inmueble y sus alrededores. Si bien, desde 2009, el Palacio Roccatagliata estuvo incluido en un catálogo preventivo que evitaba la demolición, hubo, según contó D’Amico, algunos manejos técnicos jurídicos que hicieron que la ley de preservación sólo alcanzara al edificio y no al inmueble (edificio y predio).

Los vecinos contactaron entonces a los diputados Adrián Camps y Maximiliano Ferraro para que pudieran corregir el “error de tipeo” en la norma. Con esa catalogación, quedaban afuera más de 2.000 m² del predio, y daba vía libre para cualquier tipo de proyecto inmobiliario. Isabel D’Amico agregó que “no se puede escindir un espacio histórico del resto que lo rodea”.

En 2012, comenzó la construcción, y los vecinos hicieron una presentación judicial para de-tener el proyecto. El juez Lisandro Fastman no contempló el reclamo, argumentando que, al momento de la presentación, “todavía no es-taba dado el permiso de obra”.

Posteriormente, los vecinos le llevaron el caso al entonces legislador, Gustavo Vera, quien realizó, en 2016, la misma presentación judicial que los vecinos, pero con la obra ya empezada. La Justicia dio a lugar al reclamo y, desde entonces, se paralizó la construcción del megaemprendimiento.

El letrado Etchenique adelantó que, con la demanda millonaria, no sólo tratarán que los compradores damnificados recuperen su inversión, “sino que también se trata de que los responsables desarrolladores del proyecto, Fernández y compañía, más el Gobierno de la Ciudad, paguen los daños y perjuicios de un juicio que sabemos que va a durar no menos de 5 o 6 años”.

El abogado confía en un desenlace satisfactorio para los inverso-res a los que representa, e indicó que “la Ciudad tiene la obligación de resolver esta situación, porque está comprometido el interés de más de 200 compra-dores que pusieron sus esfuerzos para tener su casa”.

Por último, el letrado agregó: “Mis clientes compraron un departamento para vivir, no compraron un juicio. La gente está desesperada. No son inversores en un proyecto inmobiliario, son compradores de unidades inmuebles en un hermoso edificio que se iba a construir en la ciudad de Buenos Aires”.

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