Un amparo judicial por inconstitucionalidad pone en jaque una ley del Ejecutivo que pretende regular el estacionamiento medido en la Ciudad. Los pormenores de un sistema que otorgará un negocio millonario a las prestadoras y que promete traerles un dolor de cabeza a los porteños.

La idea de Horacio Rodríguez La-rreta era que el nuevo sistema de estacionamiento ordenado y acarreo se encuentre en funcionamiento en el segundo semestre de 2018. Un amparo judicial presentado por Gustavo Desplats, un vecino de Caballito, alegando el carácter inconstitucional de la norma votada por la Legislatura, podría arruinarle los planes al jefe de Gobierno. Además, evidenció una sórdida trama que oculta un suculento negocio para privados, el cual podría perjudicar la economía de los vecinos porteños.

En diciembre de 2016, la Legislatura porteña aprobó con 33 votos positivos (PRO, Bloque Peronista y la Coalición Cívica) y 21 en contra (Frente para la Victoria, Suma+, Socialismo) el proyecto de Estacionamiento Ordenado de la Ciudad por diez años. Posteriormente, la Ley N° 5.728 fue promulgada y co-menzó a tener funcionamiento jurídico.

“Desde el primer momento, vimos que la norma no había sido aprobada con los requisitos establecidos en la Constitución. Creímos que el Poder Ejecutivo la iba a vetar. Viendo que eso no ocurrió, fue que presenté un amparo pidiendo la nulidad y la inconstitucionalidad de la norma”, aseguró Desplats a Qué.

El vecino, quien es el coordinador de Proto Comuna Caballito, sostuvo en su presentación judicial que la normativa fue aprobada por mayoría y en simple lectura cuando debió ser aprobada por los dos tercios del to-tal de los miembros de la Legislatura (40 votos) y que debía cumplir el procedimiento de doble lectura.

Los anexos II, III, IV de la Ley N° 5.728 autorizan que varios predios del dominio público de la Ciudad sean utilizados por los futuros concesionarios como playas de acarreo. Según el amparo, eso les daría a los futuros concesionarios derechos sobre inmuebles de dominio público de la Ciudad y, por tal motivo, la Constitu-ción porteña prevé el tratamiento especial para la aprobación de una norma con esas características.

En julio de 2017, el juez Francisco Ferrer dio lugar al pedido de Des-plats y, durante tres meses, se suspendió el proceso de licitación del sistema de estacionamiento. Vencido el plazo, el gobierno de la Ciudad se comprometió a no avanzar definitivamente en el proceso licitatorio en curso hasta que no existiera una sentencia definitiva.

En febrero de este año se abrió una instancia de diálogo entre la Ciudad y el demandante. “El Gobierno no estuvo de acuerdo en reali-zar ninguna de las modificaciones que eran fundamenta-les, no en cuanto a la constitucionalidad de la norma, cuestión que ya no era arreglable, sino el tema de darles opciones a los vecinos para una ley, que más allá de su nulidad e inconstitucionalidad, sería muy mala para los habitantes de la Ciudad”, relató Desplats. Y continuó: “Es una ley que está pensada me-ramente para recaudar”.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo re-mitió a la Legislatura al comienzo del año parlamentario, el 1° de marzo del 2018, el proyecto de Ley N° 3296-J-2017, el cual contiene varias modificaciones a la ley 5.728. Las reformas propuestas tienen por objeto eliminar de la normativa cuestionada toda referencia a los derechos que tendría el futuro concesionario sobre las playas de acarreo. De esta manera, el envío del proyecto implica un reconocimiento de parte del GCBA de la violación de la Constitución durante el procedimiento de sanción de dicha ley.

En ese mismo sentido, desde el entorno de la diputada Paula Penacca (FpV) aseguraron que “lo que pasó acá en la Legislatura es un escándalo. Solamente que nadie lo está mirando ni le importa”. Y agregaron que “la Ciudad está en una causa judicial por un amparo a una ley por inconstitucionalidad. Y el Poder Ejecutivo mandó otro proyecto de ley para arreglarla. Con ello, buscan otra ley que se vote bien, para intentar de esta ma-nera que continúe la licitación”.

Calificaron “como algo muy desprolijo” la acción del Gobierno de Larreta de querer enmendar la falla legislativa. “Un error que es inconstitucional es insalvable. No se puede arreglar con otra ley, es algo descabellado”, sentenciaron en las cercanías de la legisladora kirchnerista.

Además, desde el bloque opositor, plantearon que esta situa-ción tiene dos ejes. Por un lado, hablaron de cómo le va a afectar a la gente. Y por otro lado, el negocio millonario que se van a llevar algunas empresas privadas.

En referencia a los negocios, a fines de marzo, la Ciudad, desoyendo a la Justicia, preadjudicó a la empresa francesa Parkeon S.A.S. la adquisición de 2.200 terminales multipropósitos para el nuevo sistema de estacionamiento medido, por un monto que ronda los $ 552 mi-llones. Lo hizo a través de la licita-ción pública nacional e internacional 1020/SIGAF/2017.

El nuevo sistema de ordenamiento del estacionamiento que pretendía implementar el GCBA planteaba extender de los 3.800 lugares con parquímetros ac-tuales a 84.000 espacios medidos con las llamadas "terminales multipropósito". Desde el año 2001, las empresas Dakota S.A. y BDR SAICFI monopolizan un negocio mi-llonario pagando un canon irrisorio de 55 mil pesos mensuales. Las mencionadas siguen operando gracias a las prórrogas otorgadas por los gobiernos de los últimos 17 años.

Desde la oposición denunciaron que el proyecto oficialista se realizó a medida de las mencionadas firmas. Solo resta que la Justicia se expida sobre la in-constitucionalidad o no de la ley 5.728 para que se pueda avanzar en la licitación para contratar el sistema de acarreo por grúas.

A espera de la resolución judicial, Des-plats afirmó que “acá hay dos modelos: uno, que es el derecho a la Ciudad, que defiendo, en el cual el ciudadano tiene derechos por el simple hecho de ser; y otro, en el cual se es ciudadano porque se puede pagar por la Ciudad”. Prosiguió el amparista: “Hay un proceso de gentrificación, basado en la expulsión de las personas de clases populares y de ho-mogeneización en clase media/alta, en este caso, en la ciudad de Buenos Aires; un proceso de mercantilización y fraccionamiento mediante el pago del espacio público”.

Por último, fuentes cercanas a la diputada Penacca aseguraron que “ya que la Justicia determi-ne si la ley es constitucional o no y se pueda establecer si avanza con esta licitación. Cuando ocu-rra eso, trabajaremos para que la aplica-ción de la ley y el sistema de estacionamiento sea lo menos nocivo para los ciu-dadanos y para las arcas de la Ciudad”.

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Un gran negocio estacionado

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