La relación entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad podría llegar a tener su primer encontronazo, como consecuencia de la industria del juego y las distintas formas de regularla. El cobro de entradas, que comenzará a aplicarse en el corto plazo en el territorio bonaerense, hizo que se deslizara la recomendación para que la Ciudad avanzara sobre el mismo camino.

   El cálculo es simple: la cercanía entre algunas salas de juego provinciales y las dos que hay en territorio porteño invita a la existencia de una política consensuada, según explican, para evitar que se gene-ren desfasajes en el erario público. 

   La Provincia no quiere ver cómo, por ejemplo, las tragamonedas del Bingo de Avellane-da pierden recaudación respecto a las que se encuentran en el Casino Flotante de Puerto Madero. La distancia entre ambas, en auto y en hora pico de la industria (entre las 20 y las 00), no es ma-yor a los cinco minutos. “Si en uno te cobran la entrada y en el otro no, es muy probable que haya una migración”, explican.

   Es que el discurso de reducción del juego en Cambiemos es una cuestión más de marketing que de otra cosa. “El objetivo es controlar para recaudar bien con lo que se tiene. No perder plata con la estructura actual”, afirma una alta fuente oficial. Aunque varios consultados lo nieguen, a principios de año, en un encuentro entre todos los entes reguladores provinciales del juego, desde el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia, cuyo titular es Matías Lanusse, le hicieron saber a Lotería de Buenos Aires (LOTBA) que se encuentra a cargo de Martín García Santillán, que es un problema que deben abordar.

   En la Ciudad, desde entonces, hubo un silencio de radio mientras que, en la Provincia, por ahora, no quieren agitar el avispero. Es que el mercado se movió bastante con las últimas medidas que tomó la gobernadora María Eugenia Vidal en materia de control y reestructuración del sistema. “Hay que darle un poco de paz a todo para que se reacomode”, afirman.

   El jefe de Gobierno por-teño, Horacio Rodríguez Larreta, tampoco quiere que el tema se instale con fuerza. Desde la Ciudad señalaron que, en principio, no hay decisión de avanzar en ese sentido. Por primera vez desde la autonomía, la Ciudad cuenta en sus arcas con las transferencias del juego en su totalidad. No solo lo que corresponde al canon, sino también la recaudación del cobro del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB). 

   Solamente en 2017, las dos sociedades que explotan el Hipódromo de Palermo 
y el Casino flotante aportaron el 2 % del total de los ingresos que tuvo la Ciudad. En IIBB, según cálculos presupuestarios y testimonios de fuentes del sector, en lo que va del año, por las dos sociedades, ingresaron mensualmente al fisco $ 70 millones. Es decir, que serán $ 840 millones anuales, lo que ubica a ambas dentro del top 30 de las empresas que más aportan por dicho ingreso, solo superadas por las multinacionales, los bancos y las telefónicas.

   Esa cifra tiene un extra de $ 200 millones anuales, ya que el 2016, y luego de una larga disputa legal y pública, HAPSA y el Casino Flotante reconocieron la deuda por el mencionado tributo que reclamaba el PRO desde hacía años. Se adhirieron, en octubre de ese año, a la moratoria de impuestos locales, que se abrió junto con el blanqueo. En total, de los $ 3.000 millones que le exigía el fisco porteño, los operadores ter-minarán pagando $ 2.100 millones en nueve años.

   Según el presupuesto aprobado para 2017, más la ampliación que envió el Ministerio de Hacienda en agosto, por Ingresos Brutos -un ítem que representa el 51,57 % de los recursos de la Ciudad-, se planea recaudar este año $ 89.101 millones. De ese dinero, lo que aportan el hipódromo y el casino suma el 0,94 %, pero si se agrega la cuota de la moratoria, el porcentaje asciende al 1,16 %.

   Además, otros $ 2.600 millones provienen del canon que se le cobra a cada una de las 6.000 máquinas tragamonedas que hay en la Ciudad. Un dato no menor es que, antes de que se concretara formalmente el traspaso del juego, en julio del año pasado, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que igualó el porcentaje que aportaba el casino con el del hipódromo: pasó del 20 % al 30 %.

   En la Provincia, también la recaudación por el jue-go es más que considerable. La única diferencia es que, durante la administración del exgober-nador Daniel Scioli, no hubo cifras precisas sobre la recaudación de cada máquina, cada bingo y cada casino. 

   Para ser más gráficos, recién a principios de año, con la licitación que anunció María Eugenia Vidal para siete salas, se supo cuán-to era el estimado de facturación del parque de los casinos más importantes de la Provincia. En total, son $ 6.600 millones, de acuerdo a las cifras que se plasmaron en los pliegos.

   En el medio, Vidal busca, asimismo, poner en regla la situación de todos los bingos que tiene. “Las cuentas deben ser claras, porque es plata de todos los bonaerenses. Hay que recaudar lo que corres-ponde”, afirman en el Ejecutivo provincial. Esta lógica es compartida también en la Ciudad, pero el foco ahora pasará a estar en otro lado: las definiciones con el casino flotante. Es que a fines del año que viene, vencerá la concesión de la sala. Tal y como se encuentra el marco regulatorio, establecido además por la Constitución porteña, no puede haber juego gerenciado. Esto quiere decir que solo hay dos caminos, tal y como se encuentra redactada la ley: el cierre o la estatización. Y a diferencia de los bingos, que cerraron en 2016, el casino flotante no es deficitario.

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