En los últimos días, el Gobierno de la Ciudad avanzó con la instalación de un enrejado permanente en la mítica Plaza de Mayo. Y surgió la polémica, que incluyó la presentación de un amparo judicial y una declaración de repudio en la Legislatura. La mecánica del GCBA para pasar por alto la ley.

El Gobierno de la Ciudad procedió a la instalación de rejas de gran altura en el medio de la Plaza de Mayo. La colocación del enrejado, de ca-rácter permanente, despertó el alerta de organizaciones dedicadas a la defensa del patrimonio, que advirtieron que, con esa intervención, se comete una flagrante violación a la normativa de protección histórica.

El Observatorio de Patrimonio y Políticas Urbanas y el Observatorio del De-recho a la Ciudad presentaron ante la Justicia porteña una acción de amparo para que se detenga la colocación, o bien que se remuevan las rejas instaladas en la mítica plaza porteña. El argumento principal que fue planteado por dichas organizaciones es que Plaza de Mayo se encuentra protegida por normativas es-pecíficas del Código de Planeamiento Urbano (CPU).

La licenciada Mónica Capano pertenece al Observatorio de Patrimonio y Políticas Urbanas, y dialogó con Qué sobre la presentación del mencionado amparo. “La Plaza de Mayo, por ley de la Legislatura, forma parte del Código de Planea-miento Urbano, hoy vigente en la ley 449, que establece un Area de Protección Histórica, el área 1 (APH1), que es el casco histórico de la Ciudad y detalla de manera especifica qué es lo que se puede hacer en la Plaza”, aseguró la especialista en Patrimonio Cultural.

Prosiguió Capano: “Como un ámbito consolidado, las únicas intervenciones que se pueden hacer son para conservación, eso es lo que dice la ley. Y en caso de hacerse otro tipo de intervenciones, debe contar con una ley de la Legislatura que lo permita, cosa que no ocurrió de nin-guna manera”.

Este medio tomó contacto con el bloque Unidad Ciudadana, desde el cual se presentó un proyecto de declaración que expresa el rechazo a la decisión de enrejar el predio. El mismo plantea como argumento el carácter de protección histórica que reviste al emblemático emplazamiento, el cual está contemplado dentro del CPU.

El texto cita un párrafo de la normativa contemplada en el CPU: “En el espacio propio de la Plaza de Mayo, solo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes. Todo proyecto modificatorio deberá contar con visado previo del Consejo y aprobado por la ley”. Según lo expresado desde el espacio opositor, esa declaración, que lleva la firma de todos los integrantes del bloque, fue rechazada de plano por la Comisión parlamentaria, y se presentó sobre tablas en la sesión ordinaria de la semana pasada, pero tampoco fue tra-tada.

Si bien la administración larretista asegura que la obra está enmarcada en una ‘puesta en valor’ del espacio público, en la histórica plaza las rejas fijas re-emplazarán a las vallas móviles antidisturbios azules que permanecían desde la época en que Eduardo Duhalde presidió el país entre 2002 y 2003. Mediante un portón, que permanecerá cerrado por las noches y durante las manifestaciones, el perímetro enrejado impediría el acceso a Casa de Gobierno a partir de la mitad de la plaza, a la altura de la Pirámide de Mayo, y se extenderá lateralmente sobre la ave-nida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la otra organización que repudia la instalación, sostuvieron que “lo que está sucediendo en la Ciudad es bastante grave, porque se debería pensar que el Gobierno, al tener una mayoría automática en la Legislatura, se volvería un poco más institucional, respetando los procedimientos parlamentarios, no tratando de soslayar la Legislatura”.

El titular de la ONG, Jonatan Baldiviezo, esgrimió una teoría que apunta a que la celeridad de avanzar con las obras tiene su anclaje político en el 2019. “Lo que estamos viendo con la mayoría de las políticas urbanas que tienen que ver con las obras del viaducto, las del Paseo del Ba-jo, las urbanizaciones de villas, y otras, es que hay una necesidad de avanzar con las obras por cuestiones electorales. Lo que le está faltando al Gobierno es tiempo”, sostuvo el letrado.

“Ese tiempo institucional frena al Gobierno y, entonces, en algunos casos, de-ciden no ir al Parlamento -caso de Plaza de Mayo o la venta de los terrenos de Casa Amarilla-. Para ellos es ir avanzando con las obras, y luego ir consiguiendo, mientras se construyen, los permisos ambientales y la ley en la Legislatura. Por ejemplo, las obras del viaducto comenzaron, y recién hace dos semanas se votó en la Legislatura la ley que las autoriza”, dijeron desde el ODC.
Desde el bloque Unidad Ciudadana se planteó una teoría más política sobre
el virtual cierre de Plaza de Mayo: “El acuerdo del FMI y el enrejado de Plaza de Mayo van de la mano”, dijeron. “Tienen la idea de que la gente se va a em-pezar a manifestar; no solo las organizaciones, sino la gente en general. Esto se verá horadado por el acuerdo que se firma con el Fondo, que plantea el ajus-te en todo sentido para los jubilados, los trabajadores y la flexibilización laboral, entre otras cosas. Entonces, se ven en la necesidad de poner una reja”.

Para finalizar, desde el espacio opositor en la Legislatura, dijeron que el Go-bierno “debe enrejar la mitad de la pla-za para bancar lo que se viene en función de las medidas económicas y el acuerdo que está llevando adelante con el FMI”.

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