Desde que se destapó el escándalo de los “Cuadernos de la Corrupción K” que desde Cambiemos y el kirchnerismo intercambian dardos en diferentes medios de comunicación. Los primeros le pasan facturas a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Axel Kicillof, Roberto Baratta y demás por los negociados que habrían mantenido con Isolux, una de las empresas mencionadas; en contraposición en el kirchnerismo le remarcan al presidente Mauricio Macri los más que evidentes vínculos con IECSA, la empresa constructora de la familia Macri que se encontró hasta 2017 en manos de su primo Ángelo Calcaterra.

Pero a diferencia de lo que muchos podrían llegar a suponer recientemente hubo una serie de irregularidades que tuvieron a ambas empresas en el centro de la escena: el Paseo del Bajo. La obra con la que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quiere dejar su marca en la historia de la Ciudad se vio envuelta en una serie de irregularidades que hasta originaron una serie de demoras que luego fueron subsanadas.

Cuando, y mediante la financiación de la Corporación Andina de Fomento (CAF), se comenzó con la licitación de la obra se decidió que fuera por tres tramos cada uno de ellos con un valor diferente. Para hacerlo aún más transparente se decidió que se licite de forma escalonada, es decir, primero el A, después el B y por último el C, para que así quienes se erguían entre los tres candidatos para uno no obtuvieran otro. Sin embargo la práctica presentó una situación diferente.

Isolux, mediante la UTE que conformó Corsan-Corviam, quedó como la ganadora del tramo A, que era el más barato. La adjudicación fue además después de que se conocieran los alcances de la investigación que dicha empresa tuvo en su casa matriz, en España, en donde se la conoció como la Odebrecht española como consecuencia de las denuncias e investigaciones por el pago de coimas en México que hicieron no sólo que el presidente de la empresa tuviera que renunciar sino que además tuvo que afrontar un proceso judicial. En segundo lugar en ese podio quedó IECSA, la empresa del primo de Macri, que si bien había quedado en una posición expectante tenía sus ojos puestos en el premio mayor de la obra: el tramo C.

Isolux presentó la oferta más económica, por $ 1500 millones, seguida por la de IECSA y en tercer lugar estuvo la de la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por JCR SA y Coarco SA. Sin embargo la empresa de Calcaterra ya había sido adjudicataria del tramo C que tenía un valor de unos $3.100 millones por lo que no tenía ninguna intención de dejar de lado dicho contrato para pasar al del A.

“La compañía tuvo problemas en España; de hecho, tuvo convocatoria de acreedores y cambiamos el contrato. Nos hubiera convenido hacer algo distinto. Hoy ya domamos el potro y la obra con el nuevo contratista va bien. Pero en su momento, como sabe, el financiamiento tuvo dos fuentes: el préstamo de la CAF y los inmuebles que vendimos en Catalinas Norte. Todos los contratos, para ser financiados con la CAF, tienen que cumplir las condiciones de financiamiento multilateral; y la verdad es que no podíamos decir “de este tengo sospechas que le va a ir mal”, y bajar a un contratista dentro de la metodología de licitación. Hubiera sido bueno, pero no lo podíamos hacer”, manifestó en una entrevista reciente el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, cuando fue consultado sobre el caso.

Sin embargo, diversas fuentes también sostienen que esa no fue la única razón. “Hubo una decisión política de que IECSA se quede con ese tramo”, manifestaron. La película terminó cuando primero Autopsia Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), que es la empresa que lleva adelante el control de la obra, obró como intermediario entre la empresa y los proveedores para el pago de los trabajos y así evitar que haya una demora. Esa situación se mantuvo desde fines de septiembre hasta fines de noviembre cuando se decidió avanzar con la recisión del contrato entre AUSA y Corván-Corsiam.