Pese a que la administración no presenta grandes sobresaltos en la gestión, una serie de acciones judiciales en contra encendieron la alerta en el oficialismo. Amparos concedidos a vecinos, gremios y ONG obstaculizan los planes y negocios del Gobierno porteño.

Cuando Horacio Rodríguez Larreta asumió la jefatura de Gobierno conocía muy bien cuáles serían los escollos políticos a sortear. En breve tiempo ordenó a la tropa, neutralizó a su antiguo rival en las elecciones de 2015 -Martín Lousteau- y, tras arrasar en los comicios de medio término, logró la mayoría absoluta en la Legislatura. Lo que no consideró fue cuánto daño podría infringirle otro actor medular para la gestión: la Justicia porteña.

Hoy, más de una docena de reveses judiciales amenazan con complicarle el avance de temas esenciales para el Gobierno y para sus ansias políticas. En los últimos meses, distintos juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad fallaron en contra de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo de Larreta. Vecinos, ONG y gremios presentaron amparos ante la Justicia y frenaron proyectos que podrían comprometerlo en términos políticos, como la ley de la Secundaria del Futuro. O tal vez se vería afectado en materia económica por el freno a la ampliación de parquímetros o el recálculo de la pauta publicitaria a medios vecinales. Pese a eso, Larreta mueve los hilos para salir airoso de los entuertos judiciales.

No a la venta de los terrenos a Boca
La jueza Paola Cabezas Cescato dio lugar a un pedido de agrupaciones vecinales y anuló la venta de terrenos al club Boca Juniors. La titular del juzgado N° 11 en lo Contencio-so, Administrativo y Tributario declaró la inconstitucionalidad de la licitación abierta por el GCBA, ya que “infringió contratos y debió contar con la aprobación de la Legislatura porteña”.

La falta de una normativa de la Legislatura que autorizara la operación inmobiliaria motorizó la medida. Por lo tanto, las tres manzanas en cuestión volverán a ser de utilidad pública para el barrio y destinadas a la construcción de viviendas.

Marcha atrás con los parquímetros
Tal como publicó Revista Qué en la edición #184, la nota “Un gran negocio estacionado” adelantó el fallo judicial que frenó la aplicación de la ley que reformó el sistema de parquímetros, grúas y playas de acarreo. La Justicia, en la figura de Francisco Ferrer, titular del CAyT N° 23, dictaminó la inconstitucionalidad de la norma que establecía la cesión de inmuebles públicos a futuros concesionarios del servicio.

Según se establece, una ley de esas características debía ser aprobada por 40 votos, y el cuerpo legislativo la sancionó con sólo 33 sufragios. El Ejecutivo buscará modificar la ley, que la oposición denuncia como “recaudatoria”.

Frenan polo deportivo para la Policía
Como adelantó este medio, vecinos de Villa Lugano, en la Comuna 8, interpusieron un amparo para la preservación del Parque de las Victorias con el fin de que cese el incumplimiento de la normativa vigente en
el marco de la licitación pública N° 08/CBAS/17 “Campo de Deportes para Suboficiales de la Policía Federal”, por lesionar y amenazar derechos y atribuciones de los habitantes de la Comuna. En especial, goce, preservación y protección de espacios verdes, conservación y defensa del patrimonio barrial y de espacios de acceso público y gratuito, relacionados con el medio am-biente sano y el derecho a la salud.

El gobierno porteño apeló la medida y la misma está siendo analizada por la cámara revisora del fuero, sin efecto suspensivo. Es decir que hasta que exista nuevo pronunciamiento sobre la apelación, el GCBA tiene prohibido ejecutar cualquier tipo de obra en el lugar.

Un amparo que silenció a un fiscal de la Ciudad
Como publicó Revista Qué en su edición #188, desde el Ejecutivo porteño resolvieron disciplinar a un letrado que frenó medidas impulsadas por el GCBA al declararlas “inconstitucionales”. Una de las más polémicas fue “Secundaria del futuro”. El asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, obligó al Ministerio de Educación de la Ciudad a brindar información sobre la reforma educativa porque, según el expediente, la misma “no era veraz, completa ni adecuada”.

“Siento que es una crítica encubierta hacia mi actuación”, dijo Moreno a este medio, conocido por ser uno de los pocos magistrados del Ministerio Público Tutelar porteño que han realizado amparos en contra del gobierno que dirige Horacio Rodríguez Larreta.

Los códigos fueron frenados por falta de audiencia pública
El tratamiento del Código Urbanístico y el de Edificación deberá esperar para ser discutido por los miembros de la Legislatura. Un fallo de la jueza Andrea Danas, titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N° 9, dispuso una medida precautelar que suspendió el tratamiento legislativo de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo.

La magistrada argumentó que el gobierno de la Ciudad no convocó a una audiencia con los vecinos, tal como establece el artículo 63 de la Constitución porteña.La convocatoria a audiencia pública es obligatoria “antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano,(...)”, sostiene la norma. La Justicia le dio un plazo de cinco días al gobierno capitalino para que informe si cumplió con el requisito.

Con el ojo en la resolución judicial
Si bien no hay un fallo firme es un tema que le quita el sueño a más de un funcionario porteño: la licitación nacional e internacional de la red de subterráneos de la Ciudad podría peligrar por un amparo presentado. El Observatorio del Derecho a la Ciudad busca que la Justicia declare nula la ley 5.885, que autoirza la concesión del servicio público para la operación y mantenimiento del sistema de transporte subterráneo.

La ONG pretende que se declare la inconstitucionalidad de la ley, ya que argumenta que se aprobó sin respetar el procedimiento que demanda la Constitución de la Ciudad. Dicen que se necesitan 40 votos (dos tercios de la cámara) y audiencias públicas.

Suspenden la quema de residuos
La jueza Elena Liberatori, a cargo del CAyT N° 1, dispuso la suspensión inmediata de la ley 5.966, que autorizaba la incineración de residuos en la Ciudad.Una demanda presentada por una federación de cooperativas de recicladores obtuvo respuesta de la Justicia.

La ley había modificado la 1.854, que autorizaba la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termovalorización) en la Ciudad.El argumento principal por el cual la Justicia suspendió la aplicación de la norma está ligado a que las cuestiones ambientales deben atravesar el procedimiento legislativo de doble lectura.

Con los metrodelegados adentro
Otro revés judicial para Larreta, que puede leerse en clave política, es la resolución del juez Roberto Gallardo, del CAyT N° 2, que conminó al Ejecutivo a que convoque a discutir paritarias a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).
De esta forma, los metrodelegados se sentarán a la mesa de discusión salarial junto con la UTA y gremios menores de trabajadores del subterráneo.Además, en el fallo se dis-puso que el GCBA mantenga silencio sobre las acciones del gremio. El gobierno porteño ya impugnó el fallo.

La reprivatización que puede generar dolores de cabeza
A fines de abril se aprobó la reprivatización de tierras en Costanera Norte para el “Distrito Joven”, iniciativa que contempla la creación de un área destinada a boliches bailables, bares y locales gastronómicos en la Costanera. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad adelantaron a Qué que en la próximas semanas podría haber novedades judiciales sobre el tema. Desde la ONG advirtieron que se lesionaría el principio de progresividad en materia ambiental, en claro perjucio del Plan Urbano Ambiental, debido a que esa zona en los ‘90 fue destinada a ser un gran parque público para los vecinos.

Intimación y amenaza de multas
El juez Andrés Gallardo intimó al gobierno de la Ciudad a que, en un plazo no mayor a 45 días, realice una serie de obras y mejoras edilicias en el hospital Enrique Tornú. El magistrado, a cargo del CAyT N° 2, exigió que para el 4 de octubre, las refacciones estén realizadas, so pena de multar a las ministras de Salud y Educación, Ana Bou Pérez y Soledad Acuña, respectivamente, con 2.500 pesos por cada día de retraso.

Anomalías en la red de gas, readecuación del sistema eléctrico, garantizar la presión de agua y mejorar la señalización de emergencia son algunas obras que se deberán cumplir. La Justicia, que busca “garantizar la integridad de pacientes y trabajadores”, recordó que hace siete años ya se denunció la crítica situación edilicia.

A la espera del fallo del TSJ
El Gobierno también espera una resolución con respecto al denominado “protocolo antitomas”. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es el que debe fallar sobre la viabilidad de cómo deben actuar los rectores de los colegios porteños ante un establecimiento tomado. La Cámara de Apelaciones ya lo había aprobado, a fines de junio, tras la suspensión dictada por la jueza Elena Liberatori.

Días atrás entró un recurso de queja interpuesto por la asesora tutelar Yael Bendel, quien solicitó que se declare la inconstitucionalidad del protocolo. Según fuentes judiciales, el TSJ aprobará el protocolo antes de tratarse el proyecto de UniCABA.

Deberán rever el recálculo de la pauta para los más chicos
Hace dos meses, la Subsecretaría de Comunicación Social del GCBA, mediante la resolución N° 813/2018, había rebajado hasta un 19% lo que les correspondía a los me-dios como pauta publicitaria, según la ley 2.587. El juez Guillermo Scheibler ordenó, el 13 de agosto, la suspensión de los recortes a las pautas oficiales que debían recibir los medios comunitarios y vecinales.

La acción judicial, patrocinada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, fue llevada adelante por 58 de los 269 medios de los barrios porteños. En los argumentos de la medida destacan que se viola la ley que regula la contraprestación publicitaria de los medios vecinales. Y que se adoptó un cálculo distinto al previsto en la 2.587.

LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN #202 DE REVISTA QUÉ

CALLE VIRTUAL

Milei y CFK siguen como líderes de las interacciones en redes sociales

La Justicia versus Larreta

Pese a que la administración no presenta grandes sobresaltos en la gestión, una serie de acciones judiciales en contra encendieron la alerta en el oficialismo. Amparos concedidos a vecinos, gremios y ONG obstaculizan los planes y negocios del Gobierno porteño.

OTRAS NOTAS

Milei y CFK siguen como líderes de las interacciones en redes sociales

Rating Streaming realizó un estudio de audiencia y mostró cuál es el impacto de los políticos más influyentes del oficialismo y la oposición.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Feroz ataque: una mujer fue golpeada a palazos en un campo de golf de Pinamar

Franco Colapinto tuvo un terrible accidente y quedó 14° en la qualy

Accesorios de lujo para perros

Silvina Escudero apostó por el rock y la rompió en el Cantando

Martín Fierro Latino 2024: conoce quiénes fueron los ganadores