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5 de febrero de 2019
Tragedia de Iron Mountain: poco avances y retrocesos en la causa
Familiares de los 10 muertos reclaman ser querellantes en la causa donde están procesados 12 ex funcionarios del gobierno porteño y cinco directivos de la empresa. Cinco años de distancia, diez muertos, diecisiete procesados y una última instancia judicial, es lo que queda de la tragedia de Iron Mountain.
Ya pasaron 5 años de la tragedia en la que perdieron la vida 10 bomberos que intentaban combatir el fuego en el depósito de Iron Mountain, compañía responsable del siniestro que proclama en su página corporativa que desde su fundación en 1951, protege y custodia “documentos empresariales, cintas de backup, archivos electrónicos, información médica y otros activos”.
Gabriel Fuks: “Los peritajes a los que tuve acceso hablan de un incendio intencional” https://t.co/PWpYUClxOa
— Gabriel Fuks (@GafiFuks) February 4, 2019
En la causa hay procesados cuatro directivos y al responsable de la empresa de seguridad que contrataba en su depósito, además de doce funcionarios de mediana o baja jerarquía del gobierno porteño que se desempeñaban en aquel momento.
Los exfuncionarios porteños procesados son: Vanesa Berkowski; Rafael Roldan; Pedro Luis Chapar; Roberto Chiesa; Gastón Laugle, Esther Moroni, Luis Cogo; Felix Raimundo Lugo; Jorge Néstor Papanicolau; Ricardo Edmundo Grunfeld; y Alberto Daniel Graciani. A todos se les aplicaron embargos que van desde los 7 hasta los 17 millones de pesos.
Los directivos y responsables de la empresa procesados de Iron Mountain son: Eduardo Alfredo Sueyras Parra, Guillermo Lockhart, Héctor García, y Christian Castiñeiras, quienes fueron embargados por 20 millones de pesos cada uno. También fue acusado Oscar Godoy, quien se desempeñaba como seguridad de la empresa Segurplus SA.
La Cámara de Casación Penal tiene que pronunciarse este año sobre un recurso para que la causa no se derrumbe de manera definitiva, sin responsables, como ocurrió con el depósito de Barracas el 5 de febrero de 2014. La apelación va contra un fallo de la sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que privó a los parientes de los bomberos y personal de Defensa Civil fallecidos de avanzar en las querellas contra los funcionarios del gobierno porteño y de la empresa multinacional estadounidense.
Para Gabriel Fuks actual Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad que realizó una exhauta investigación "ha habido avances en la investigación judicial", ya que el Juzgado en lo Comercial y Correccional Nro. 18 ha procesado a doce funcionarios porteños, a cuatro directivos de Iron Mountain y a un responsable de la seguridad tercerizada de la empresa. "Sin embargo, hasta aquí sólo se ha procedido a trabar embargos", dice el ex legislador porteño.
En la causa hay procesados cuatro directivos y al responsable de la empresa de seguridad que contrataba en su depósito, además de doce funcionarios de mediana o baja jerarquía del gobierno porteño que se desempeñaban en aquel momento.Gabriel Fuks: “Los peritajes a los que tuve acceso hablan de un incendio intencional” https://t.co/PWpYUClxOa
— Gabriel Fuks (@GafiFuks) February 4, 2019
Los exfuncionarios porteños procesados son: Vanesa Berkowski; Rafael Roldan; Pedro Luis Chapar; Roberto Chiesa; Gastón Laugle, Esther Moroni, Luis Cogo; Felix Raimundo Lugo; Jorge Néstor Papanicolau; Ricardo Edmundo Grunfeld; y Alberto Daniel Graciani. A todos se les aplicaron embargos que van desde los 7 hasta los 17 millones de pesos.
Los directivos y responsables de la empresa procesados de Iron Mountain son: Eduardo Alfredo Sueyras Parra, Guillermo Lockhart, Héctor García, y Christian Castiñeiras, quienes fueron embargados por 20 millones de pesos cada uno. También fue acusado Oscar Godoy, quien se desempeñaba como seguridad de la empresa Segurplus SA.
La Cámara de Casación Penal tiene que pronunciarse este año sobre un recurso para que la causa no se derrumbe de manera definitiva, sin responsables, como ocurrió con el depósito de Barracas el 5 de febrero de 2014. La apelación va contra un fallo de la sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que privó a los parientes de los bomberos y personal de Defensa Civil fallecidos de avanzar en las querellas contra los funcionarios del gobierno porteño y de la empresa multinacional estadounidense.
Para Gabriel Fuks actual Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad que realizó una exhauta investigación "ha habido avances en la investigación judicial", ya que el Juzgado en lo Comercial y Correccional Nro. 18 ha procesado a doce funcionarios porteños, a cuatro directivos de Iron Mountain y a un responsable de la seguridad tercerizada de la empresa. "Sin embargo, hasta aquí sólo se ha procedido a trabar embargos", dice el ex legislador porteño.
Según Fuks el entonces responsable de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión -hoy funcionario del Banco Nación-, "no pudo explicar en su presentación en la Legislatura la pérdida del expediente de habilitación de Iron Mountain, así como que la administración a su cargo no hubiera hecho ningún esfuerzo por reconstruirlo. Ni siquiera ha sido citado a declarar".
Además, "se suma que al avance judicial se le opone la resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que revive tristemente las muertes de Barracas al negarle a la totalidad de los familiares de las víctimas el derecho a actuar como querellantes, en un fallo a la medida del poder político de la Ciudad y de los intereses de Iron Mountain", considera el Defensor adjunto del pueblo.
Lo que sucedió es que el fallo que con fecha del 4 de mayo de 2018 firmaron los camaristas Julio Lucini y Mariano González Palazzo –un juez cercano al presidente Mauricio Macri, a quien designó en el Colegio de Árbitros de la AFA cuando estaba en Boca– determinó que dos querellantes, Ricardo José Martínez y Liliana Noemí Maffey, no podían seguir en la causa penal por haber aceptado indemnizaciones.
En ese sentido se los invalidó para accionar contra “los directivos de Iron Mountain Argentina SA, la empresa Zurich (aseguradora en el siniestro) y todos sus respectivos sucesores, directores, funcionarios, representantes, accionistas, empleados, sociedades controlantes y/o vinculadas, cesionarios, aseguradores, abogados y representantes de cualquier tipo”. La resolución de la Cámara tuvo carácter extensivo para los otros familiares de las víctimas.
La tragedia de Iron Mountain dejó un total de diez muertos: los bomberos de la Policía Federal Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez y Matías Monticelli; los del cuartel Vuelta de Rocha, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi; y los integrantes de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola. El incendio se desató alrededor de las 8 de la mañana del 5 de febrero de 2014 y rápidamente se propagó por el edificio. Alrededor de las 9.15, con el fuego descontrolado, el paredón que daba a la calle Jovellanos se desplomó y provocó la tragedia.
El edificio de Iron Mountain funcionaba como archivo de documentación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de las empresas DirecTV Argentina, Cargill S.A.C.I., Prudential Seguros SA, Expeditors Argentina SA, Televisión Federal Telefé, Galicia Seguros SA, Galicia Retiro Cía de Seguros SA, entre otras.