Yamil Santoro, exsecretario de Juventud PRO, quién incentivó a Darío Lopérfido para que sea candidato a jefe de gobierno y José Magioncalda dirigente de Republicanos, interpretaron, en el libro Sinceramente, que la ex presidenta Cristina Fernádez de Kirchner reconoció que aumentó el déficit fiscal para favorecer a Daniel Scioli en las últimas elecciones presidenciales, configura el delito tipificado en el artículo 265 del código penal en el capítulo VIII de negociaciones incompatibles con la función pública.
"Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo", expresa el artículo.
Consultado por el portal Políticos, Santoro, explicó que "se trata de un delito que no requiere necesariamente que se le cause un perjuicio, en sus resultados, al Estado Nacional más allá de que el déficit fiscal es un problema estructural que aqueja a la Argentina. Estamos ante un insólito caso donde un funcionario reconoce que tuvo otros motivos que el interés general para tomar una decisión gubernamental y eso es lo que justamente sanciona el art. 265 que fue introducido al código penal por la ley de ética pública. Cristina, en su verborragia literaria, reconoce un delito dificilísimo de probar de otra forma".
En la misma línea, Magioncalda, presidente a su vez de la ONG Ciudadanos Libres, dijo al mismo medio que la denuncia "no obedece solo a una necesidad punitiva, sino a desandar el impacto negativo que provoca a la República, una ex Presidente que se vanagloria por escrito de sus delitos".