La historia sobre el predio que el gobierno porteño le cedió en comodato, por 40 años, al Club Atlético Atlanta, en el que se instalará el microestadio cubierto más grande del país, “Buenos Aires Arena”, viene de larga data.
Como relató
Revista Qué en diferentes informes, la megaobra arrastra un fin de irregularidades políticas y económicas relacionadas con las maneras en las que se gestó el proyecto, y en cómo se modificaron algunas normas para que la construcción de un microestadio sea viable sin consultar a los vecinos.
Los habitantes de Villa Crespo (comuna 15) no se quedaron de brazos cruzados cuando vislumbraron que tamaña obra modificará de manera radical la fisonomía del barrio y su estilo de vida, además de violar la ley de leyes de porteña.
Ahora, denuncian que hubo irregularidades en la
Audiencia Pública en la que ningún representante del Gobierno de la Ciudad se hizo presente para explicar por qué autorizó la construcción de este Megaestadio en terrenos públicos.
Cabe recordar que l
as irregularidades en torno a su impacto ambiental quedaron al descubierto en marzo, cuando el juez Ammirato hizo lugar al amparo presentado por la Fundación Ciudad, obligando a la empresa a presentar un nuevo informe de impacto ambiental y prohibiendo la explotación comercial e inauguración del megaestadio hasta que lo haga. Pero aún con la inhabilitación de la justicia, la empresa comenzó a vender entradas para diversos shows a partir de noviembre, lo cual es una señal inequívoca de que dan por descontada la aprobación del nuevo estudio de impacto ambiental por parte del Gobierno".
En ese marco, el legislador porteño del Bloque Peronista Santiago Roberto, presentó un pedido para que el Gobierno de la Ciudad informe “si se tomaron medidas para garantizar que no sean afectados los derechos de usuarios y consumidores que adquieran tickets para los shows a realizarse en el microestadio ‘Buenos Aires Arena’”, cuya habilitación se encuentra suspendida por una medida cautelar de la Justicia porteña.
Además, realizó una presentación en el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n°3, en la que señala los hechos y manifiesta al juez que “resultaría razonable establecer la obligación de informar a los adquirentes de las entradas que el estadio no cuenta con autorización para funcionar”.