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Serga.NET
8 de enero de 2020
Lilitos en contra de los candidatos a presidir la Unidad de Información Financiera
Los diputados que responden a Elisa Carrió, realizaron la presentación ante el Ministerio de Economía. Argumentaron la “falta de idoneidad” e “inhabilidad moral” de Carlos Cruz y Mariana Quevedo para estar al frente de Unidad de Información Financiera.
En el escrito, los legisladores expusieron que su oposición se debe “esencialmente, en la falta de idoneidad manifiesta del señor Cruz, puesto que carece de los antecedentes técnicos y profesionales en la materia que exige el artículo 11 inciso 2 de la Ley 25.246; y en la inhabilidad moral de la señora Quevedo, en los términos del artículo 9 bis del mismo cuerpo normativo”.
En el caso de Cruz, los diputados señalaron que si bien “posee cierto conocimiento académico en relación los delitos económicos, carece del más mínimo conocimiento técnico para ejercer la Presidencia de la UIF, de acuerdo con las misiones y funciones asignadas por ley al organismo en cuestión”.
“La simple lectura de sus antecedentes curriculares revela su falta de experiencia en materia regulatoria (incluyendo la supervisión y sanción en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo), su falta de conocimientos en el campo de la inteligencia financiera y en la sensible misión de cooperación internacional que reviste la UIF, y su falta de práctica profesional penal vinculada estrictamente con la temática compleja del lavado de activos y la financiación del terrorismo”, resaltaron.
También consideraron que “la orientación de los principales estudios y antecedentes profesionales de Cruz no guardan relación alguna con la temática específica sobre la que la UIF ejerce competencias y coopera internacionalmente”. Y advirtieron las críticas que el abogado realizó al Grupo de Acción Financiera (GAFI), “sin advertir que Argentina es miembro pleno” de ese grupo.
En lo que respecta a Quevedo, los diputados recordaron que se desempeñó al frente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF entre 2010 y 2016, “durante la gestión más desprestigiada en la vida de la institución, que culminó con los resultados de cumplimiento más bajos en toda la historia de un miembro del GAFI”.
“Quevedo, a cargo de la mencionada dirección, ejerció la facultad de querellar con absoluta discrecionalidad, sin la existencia de protocolos para el ejercicio de la misma como existen en la actualidad, y sin los criterios objetivos hoy vigentes para justificar la actuación de la UIF en causas penales. Dicha situación dio lugar a un ejercicio arbitrario de dichas facultades y a abusos de autoridad por los cuales su extitular, el señor (José) Sbatella, se encuentra procesado”, indicaron.
Y continuaron: “Durante la gestión de Quevedo puede decirse que se utilizaron las querellas penales a su cargo para proteger a imputados vinculados al gobierno de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como para perseguir a quienes ella considerara sus adversarios, como por ejemplo algunos de los medios de prensa más importantes de la Argentina”.
Además, enfatizaron que Quevedo “se encuentra imputada, en los términos del artículo 62 del régimen de investigaciones administrativas, en el sumario disciplinario que instruye el Ministerio de Economía” en el marco de presuntas irregularidades en una licitación.
Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro -jefe del bloque-, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Mariana Zuvic, Mariana Stilman y Mónica Frade solicitaron que la presentación se dé a conocer en la audiencia pública de los candidatos, prevista para el próximo 22 de enero, “exigiéndoles al señor Cruz y a la señora Quevedo dar respuesta satisfactoria a todos los fundamentos” expuestos en el escrito.
Finalmente, pidieron que “se tomen en cuenta y valoren los fundamentos de las presentes impugnaciones al momento de dictarse la resolución final”.
En el caso de Cruz, los diputados señalaron que si bien “posee cierto conocimiento académico en relación los delitos económicos, carece del más mínimo conocimiento técnico para ejercer la Presidencia de la UIF, de acuerdo con las misiones y funciones asignadas por ley al organismo en cuestión”.
“La simple lectura de sus antecedentes curriculares revela su falta de experiencia en materia regulatoria (incluyendo la supervisión y sanción en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo), su falta de conocimientos en el campo de la inteligencia financiera y en la sensible misión de cooperación internacional que reviste la UIF, y su falta de práctica profesional penal vinculada estrictamente con la temática compleja del lavado de activos y la financiación del terrorismo”, resaltaron.
También consideraron que “la orientación de los principales estudios y antecedentes profesionales de Cruz no guardan relación alguna con la temática específica sobre la que la UIF ejerce competencias y coopera internacionalmente”. Y advirtieron las críticas que el abogado realizó al Grupo de Acción Financiera (GAFI), “sin advertir que Argentina es miembro pleno” de ese grupo.
En lo que respecta a Quevedo, los diputados recordaron que se desempeñó al frente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF entre 2010 y 2016, “durante la gestión más desprestigiada en la vida de la institución, que culminó con los resultados de cumplimiento más bajos en toda la historia de un miembro del GAFI”.
“Quevedo, a cargo de la mencionada dirección, ejerció la facultad de querellar con absoluta discrecionalidad, sin la existencia de protocolos para el ejercicio de la misma como existen en la actualidad, y sin los criterios objetivos hoy vigentes para justificar la actuación de la UIF en causas penales. Dicha situación dio lugar a un ejercicio arbitrario de dichas facultades y a abusos de autoridad por los cuales su extitular, el señor (José) Sbatella, se encuentra procesado”, indicaron.
Y continuaron: “Durante la gestión de Quevedo puede decirse que se utilizaron las querellas penales a su cargo para proteger a imputados vinculados al gobierno de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como para perseguir a quienes ella considerara sus adversarios, como por ejemplo algunos de los medios de prensa más importantes de la Argentina”.
Además, enfatizaron que Quevedo “se encuentra imputada, en los términos del artículo 62 del régimen de investigaciones administrativas, en el sumario disciplinario que instruye el Ministerio de Economía” en el marco de presuntas irregularidades en una licitación.
Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro -jefe del bloque-, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Mariana Zuvic, Mariana Stilman y Mónica Frade solicitaron que la presentación se dé a conocer en la audiencia pública de los candidatos, prevista para el próximo 22 de enero, “exigiéndoles al señor Cruz y a la señora Quevedo dar respuesta satisfactoria a todos los fundamentos” expuestos en el escrito.
Finalmente, pidieron que “se tomen en cuenta y valoren los fundamentos de las presentes impugnaciones al momento de dictarse la resolución final”.