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El salvataje económico costará 2 puntos del PBI
CEPA analizó el amplio paquete de medidas económicas, sociales y fiscales que tomó el Ejecutivo Nacional. Según datos oficiales y en comparación con medidas tomadas en otros países, los resultados muestran una nueva cara del momento que se atraviesa a nivel mundial.
De acuerdo a las estrategias puestas en marcha por el Gabinete de Alberto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), confeccionó un interesante informe acerca de cómo pueden seguir impactando en la cotidianeidad de los argentinos, los mecanismos vigentes para paliar la crisis generalizada a raíz del COVID-19.
El trabajo se define por 3 ejes fundamentales, que a su vez, intenta llegar más profundo con la puesta en valor de información oficial y cruzamiento de datos con referencias claras.
1. Políticas vinculadas a la organización del trabajo en tiempos de aislamiento: trabajadores/as afectados/as y desafíos a futuro.
La caída en la actividad económica tiene un impacto directo sobre los trabajadores y las trabajadoras, ya que el aislamiento de la sociedad implica que la ciudadanía deje de circular, y en ese contexto, los y las trabajadores/as se ven limitados/as para asistir a sus puestos de trabajo. En un marco de alta informalidad laboral, la cual asciende al 34,5% según la última EPH-INDEC al III trimestre de 2019, es difícil garantizar la adhesión a las políticas sanitarias sin perder empleo o sufrir una merma drástica de los ingresos.
Estas porciones de la clase trabajadora se verán sin lugar a dudas afectadas por el agravamiento de la crisis económica y ello necesita de medidas específicas de contención. Para ello, creemos necesario el impulso de un protocolo que prevea la diversidad de circunstancias que podrían suscitarse eventualmente. En España, por ejemplo, ese protocolo considera los casos en que la parálisis de la actividad derive de la decisión de la empresa, o por decisión de las personas trabajadores.
Home Office y Teletrabajo: La puesta en práctica de esta modalidad, a contrarreloj y en muchos casos sin presencia y supervisión sindical, hace que se incumplan derechos básicos. El seguimiento de esta expansión del teletrabajo será un eje de investigación relevante en los meses que siguen.
2. Políticas de reactivación productiva, cuidado del empleo y extensión del desempleo
“Se eximirá el pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por la pandemia del coronavirus. Esto abarca por ejemplo a empresas que se dedican a actividades de esparcimiento (cines, teatros, restaurantes, etc.), turismo, transporte de pasajeros y hoteles. Pero también podrá alcanzar a empresas que afronten dificultades logísticas o de provisión de insumos que afecten sus procesos productivos”.
Extensión del seguro de desempleo Desde el Poder Ejecutivo nacional se decidió además extender el seguro de desempleo, que permite a las y los trabajadores asalariados registrados, legalmente despedidos sin justa causa, un pago mensual, asignaciones familiares y cobertura médica mientras estén temporalmente sin empleo.
Inyección de recursos en obra pública El gobierno anunció la inyección de $100.000 millones destinados a la ejecución de obra pública para “obras viales y de infraestructura económica, construcción y refacción de viviendas, construcción y refacción de escuelas y jardines maternales y turismo”.
3. Políticas de ingresos y control de precios.
En el marco de los anuncios económicos asociados a la pandemia de coronavirus, se adelantaron desde el Poder Ejecutivo distintas políticas que impactarán en los salarios e ingresos reales de la población.
Bono a Programas Sociales: En lo que refiere a los refuerzos en materia de ingresos para los sectores vulnerables, se anunció la implementación de un bono de $3.000 para perceptores/as de programas sociales (Hacemos Futuro y Salario Social Complementario), el fortalecimiento a la provisión de alimentos en comedores comunitarios y espacios de contención de sectores vulnerables y un banco de materiales para pequeñas obras en el barrio
Ingreso Familiar de Emergencia: El último anuncio realizado por el Gobierno, el día 23 de marzo, implica una transferencia de ingresos para trabajadores/as independientes, informales, monotributistas de las categorías A y B, trabajadores de casas particulares y desocupados, de 18 a 65 años y que no tengan otro ingreso (sólo es compatible con AUH y AUE).
Mucha información y claridad a la hora de poner bajo análisis duro las cifras y sus inminentes impactos sobre el entramado social. El Informe de CEPA resulta indispensable al momento de entender hacia dónde se dirige la cuestión: "El conjunto de políticas que el Gobierno se dispone a aplicar para inyectar recursos en la economía y evitar una brusca merma de la actividad, asciende a un proxy de $680.000 millones, representando más de 2 puntos del PBI":