La Ley de Emergencia Económica por el coronavirus fue enviada por el jefe de gobierno porteño a mediados de abril a la Legislatura porteña y en la Comisión de Presupuesto fue donde llegaron los primeros cuestionamientos y modificaciones por parte de la oposición.
Debido a la falta de acuerdo políticos, Larreta se vio obligado a postergar su tratamiento ya que no reunió los votos para habilitar la sesión sobre tablas como estaba estipulado. Es que el Frente de Todos no permitió el tratamiento de la polémica iniciativa. Pasaron los días y el gobierno porteño debió modificar el proyecto a pedido de la oposición, pero también de sus propios aliados políticos, la Coalición Cívica y la UCR.
Ahora, la iniciativa que había enviado el Ejecutivo sufrió modificaciones sustanciales en lo que refiere a controles sobre compras y licitaciones, pero también en lo que tiene que ver con los salarios de los más de 100.000 empleados de la Ciudad.
Lo cierto es que el jefe de gobierno necesita 31 votos positivos para poder sancionar el Plan de emergencia y con la ayuda de los radicales conseguirá aprobar la ley, aunque el apoyo del peronismo es esencial para mostrar una imagen de unidad y consenso frente a la crisis y el Covid-19, como sucede con Nación.
Según pudo saber
Revista Qué el proyecto final ya está en manos del
Frente de Todos y aún analizan si acompañarán la norma, aún quedan varias horas para debatir y negociar pero "en principio no acompañaríamos", dijeron desde el espacio a este medio.
Cabe remarcar que el sector del kirchnerisno "duro", consideran que "la Emergencia Económica oficialista y los problemas estructurales de la Ciudad por definición política deciden no resolver".
En ese sentido, el legislador Javier Andrade se manifestó a través de las redes sociales donde publicó: "Preocupa mucho la total discrecionalidad que se le habilitaría al ejecutivo para reasignar partidas, posibilidad que ni la Ley del 2001 tenía. El proyecto no incluye medidas específicas de alivio económico para ningún sector y hasta le quita recursos al IVC".
Necesitamos que Horacio Rodríguez Larreta comprenda que en este momento, urgente y excepcional, los recursos de los porteños tienen que ir a aliviarle la vida a los sectores más postergados y afectados por la pandemia. Necesitamos terminar con la desigualdad en la Ciudad más rica del país".
En un principio la negociación se dio entre vicepresidente de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri, y el jefe del bloque del PRO Diego García Vilas, con los dirigentes de la principal bancada opositora, el Frente de Todos, que pidió cambios radicales en la norma, en consonancia con otras bandas.
Algunas propuestas, como alivios económicos para los taxistas, fueron denegados. Los encargados fueron el presidente del bloque e íntimo de presidente de la Nación Claudio Ferreño, la peronista y Vicepresidenta II de la Casa María Rosa Muiños y el vicepresidente del frente y militante K Javier Andrade. Entre otras cuestiones, Muiños pidió modificar uno de los artículos vinculados a la posibilidad de desdoblar el pago de salarios de los municipales. En ese marco, se cambió el texto: hasta tres salarios mínimos (aproximadamente $50.000) no podrán tocarse. Los pagos escalonados de sueldos serán para los más altos.
También se incorporaron dos artículos. En uno se obliga al Ejecutivo a informar cada 30 días sobre todas las compras y en el otro obliga a publicar, cada cinco días, todas las modificaciones presupuestarias en el Boletín Oficial.
También desde la Coalición Cívica pidieron que se sume la comisión de Seguimiento y Fiscalización para analizar todas las medidas. Desde las áreas donde se mueven los fondos, pasando por las compras y hasta la intervención de la Auditoría porteña para trabajar en conjunto con los técnicos del organismo y que puedan investigar determinados organismos.
En la Legislatura esperan poder sancionar la ley el próximo jueves en la sesión ordinaria. Será la segunda que se realice de manera presencial y virtual a la vez. Aunque esta vez con un proyecto central para el Gobierno. El larretismo cuenta con, entre 35 y 37, votos si suma a sus aliados políticos, sin embargo no necesitará el apoyo de todos ya que con 31 afirmativos, podrá transformar la polémica iniciativa en ley.