Revista Qué
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Fernández consignó en síntesis las acciones desarrolladas por el Gobierno de la Ciudad en el barrio 31, en algunos casos en coordinación con la administración nacional, en el marco de la emergencia sanitaria. Informó sobre las campañas de prevención y concienciación desde principios de marzo pasado y la actual instalación de postas sanitarias donde se hacen test de coronavirus a los vecinos.
Resaltó la importancia de la participación ciudadana, por las características propias de esas barridas donde es muy activa la intervención de los delegados y consejeros elegidos por los vecinos y existe un intenso trabajo social.
Un dato destacable es que más de 8.000 vecinos están interconectados con los referentes barriales y las autoridades de la Ciudad a los efectos de mantenerse informados, resolver los problemas que surjan o demandar asistencia.
Los diputados plantearon al funcionario del Ejecutivo sus preocupaciones por los problemas que se manifestaron en el servicio de provisión de agua. Sobre el punto, Fernández indicó que la anomalía duró 8 días y fue resuelta, aunque deben realizarse para el futuro inmediato obras por parte de AySA a los efectos de dar mayor presión a la red de distribución de agua.
Para el legislador Santiago Roberto, que integra la comisión de vivienda, "el informe que se presentó no es la realidad que se vive en la Villa 31. Todavía, hay muchas manzana del barrio que siguen sin agua. Además, el 85% de los comedores no reciben la cantidad de alimentos requeridos. A los vecinos, se les hace muy difícil mantener la cuarentena en los hogares porque tiene que salir a buscar comida a los comedores porque no les acercan la bolsas de alimentos a la casa. Resulta inentendible que en medio de la grave situación que viven los habitantes de la Villa 31, la Secretaría de Integración Urbana de la ciudad haya pagado más de 2 millones de dólares por servicios de consultoría sobre la Villa 31. Queda claro que para el gobierno existen otras prioridades que las personas que están sufriendo".
En la ex villa 31 -explicó- hay infraestructura de 17 km. de desagües cloacales y fluviales nuevos, independientes y de calidad, por obras realizadas en los últimos 4 años y conectadas a plantas de tratamiento. A la vez, se construyó un nuevo acueducto de 3 km. de extensión inaugurado a fines del año pasado y se trabaja con AySA para resolver los problema de baja presión, que requieren reemplazos de cañerías.
El servicio de consultoría se enmarca en la “Evaluación de Impacto del Programa de Reasentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista”, (según el anexo de la resolución N°47/SECISYU/19) que tuvo un costo inicial de casi un millón y medio de pesos ($1.481.488), sumado a casi dos millones de dólares (USD 1.199.653,03) por el lapso de 12 meses.
Pese al exorbitante monto que el gobierno porteño gastó sólo en el servicio de consultoría, con dinero que le prestó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) -que se encarga de financiar el Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana con la Ciudad, la Secretaría a cargo de Diego Fernández, le renovó el contrato a HYTSA Estudios y Proyectos S.A. por una suma de USD 857.599,90 por ocho meses.
Cabe mencionar que los negocios de HYTSA con el gobierno porteño vienen de larga data y han sumado cifras siderales, durante la gestión de Mauricio Macri, tanto en el gobierno de la Ciudad como en el nacional, mientras que el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, continuó el legado de su mentor.