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El gobierno porteño recusó al juez que lo obligó a elaborar un protocolo de acción en villas
Si bien el gobierno de la Ciudad cumplió con una cautelar que lo obligó a crear un protocolo de actuación en las villas, asentamientos y barrios vulnerados de toda la Ciudad. Ahora solicitó la recusación del Juez. Los motivos.
Como contó Revista Qué, la Justicia porteña falló a favor de la comuna 4 y 8 y le ordenó al Ejecutivo que comanda Rodríguez Larreta a que elabore un protocolo de acción y prevención en el marco del coronavirus para los barrios más vulnerables de la Ciudad.
El gobierno de la Ciudad recusó al juez Darío Reynoso, el magistrado que había ordenado proveerle alimento a un menor del barrio Lamadrid –en La Boca-, cuya madre se encuentra aislada en un hotel por tener coronavirus. El GCBA argumentó supuesta imparcialidad, a partir de un fallo judicial en el que se le ordenaba solucionar el problema de un menor de edad a la deriva ante el contagio de COVID-19 de su madre.
“El juez hizo lugar al pedido y el Gobierno de la Ciudad, en vez de entregar el alimento al menor, ¡decide pedir la remoción del juez!”, cuestionó Ignacio Álvarez, presidente de la Comuna 4.
El jefe comunal definió el hecho como “muy grave” y contó que el pedido de recusación se dio en el marco del amparo presentado junto al presidente de la Comuna 8. Detalló que “la Asesoría Tutelar había pedido que le entreguen alimentos a un menor del barrio Lamadrid dado que su madre se encontraba aislada en un hotel por ser un caso positivo de Covid-19”. El magistrado hizo lugar al pedido, pero el Ejecutivo a cargo de Larreta lo recusó.
“Esta maniobra dilatoria no sólo no ayuda en nada a un proceso fundamental, sino que limita el avance de políticas públicas que intervengan en el momento más álgido de la pandemia, en los barrios más vulnerables”, advirtió Álvarez. Y agregó: “Ante necesidades urgentes, Larreta solo usa artilugios procesales para eludir sus responsabilidades institucionales. Esta es una muestra más de la poca voluntad al diálogo y al trabajo en conjunto. Acá hay una decisión política del Gobierno de la Ciudad y Larreta es responsable”.
El presidente de la Comuna 4 señaló, además que “van 82 días de cuarentena y aún no tenemos el protocolo para barrios vulnerables”.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad también denunciaron que "antes de la reunión de la Mesa de Trabajo conformada en la causa judicial, en una clara maniobra dilatoria para no cumplir con los derechos más elementales de los más pobres de la Ciudad, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recusó al juez quien, en un amparo, le había ordenado presentar un protocolo de acción ante la pandemia para los barrios populares y garantizarles suministro de agua, elementos de higiene y sanitarios”.
La legisladora Ofelia Fernández que integra la mesa de trabajo integrada por el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y Ministerio de Ambiente y Espacio Público y representantes de organizaciones sociales, los comuneros, el CELS, ACIJ, sostuvo que “hoy estábamos a un paso de avanzar en un protocolo, que aún con imperfecciones, mejoraba la situación actual. El GCBA recusa al juez y frenan el avance de la Mesa de trabajo. Se había logrado crear una instancia que poco a poco permitía discutir entre distintos actores y presionar al Gobierno de la Ciudad a que cumple su deber: garantizar los derechos de quienes peor la están pasando con esta crisis.”
En ese marco Ofelia expresó: “Dimos marcha atrás, estamos más lejos que ayer. 82 días de cuarentena y todavía estamos esperando que el Gobierno nos diga qué va a hacer antes esta situación", agregó.
Crónica sobre protocolo de acción en villas
Fueron los presidentes comunales peronistas de la 4 y 8 quienes presentaron una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad, solicitando se informe de forma urgente sobre los protocolos correspondientes para afrontar la pandemia del COVID-19. La decisión de ir a la Justicia se concretó luego de reiterados pedidos de informes que se realizaron al Ejecutivo porteño y de reuniones que no se concretaron la ministra de Desarrollo Social María Migliore y con funcionarios porteños del Ministerio de Salud.
Tal como anticipó este medio, Larreta no cumplió en primera instancia con la orden judicial, la Justicia amplió la cautelar que obliga al gobierno de la Ciudad a garantizar elementos de higiene e informar sobre protocolos, a todos los barrios populares, asentamientos y villas del territorio porteño, en el marco del amparo presentado por los jefes comunales de la 4 (Ignacio Álvarez) y de la 8 Miguel Eviner, ambas comunas dirigidas por representantes del Frente de Todos.
Vencido todos los plazos, el gobierno porteño presentó un protocolo sanitario, es que si no lo hacía se iban a aplicar multas de 30 mil pesos y una denuncia penal por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario contra los responsables.El protocolo, tiene 11 páginas y entre otros puntos diseña las condiciones de aislamiento, la seguridad alimentaria, los dispositivos de distancia social y el trabajo para los casos de violencia de género y con adultos mayores, entre otros temas. Ahora quedará bajo revisión de la justicia.
El juez sostuvo que “las circunstancias que se plantean en este proceso revisten importancia, gravedad y urgencia, en tanto se trata de la protección de los derechos y garantías de las personas que conforman un colectivo vulnerable en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”.
El gobierno de la Ciudad recusó al juez Darío Reynoso, el magistrado que había ordenado proveerle alimento a un menor del barrio Lamadrid –en La Boca-, cuya madre se encuentra aislada en un hotel por tener coronavirus. El GCBA argumentó supuesta imparcialidad, a partir de un fallo judicial en el que se le ordenaba solucionar el problema de un menor de edad a la deriva ante el contagio de COVID-19 de su madre.
“El juez hizo lugar al pedido y el Gobierno de la Ciudad, en vez de entregar el alimento al menor, ¡decide pedir la remoción del juez!”, cuestionó Ignacio Álvarez, presidente de la Comuna 4.
El jefe comunal definió el hecho como “muy grave” y contó que el pedido de recusación se dio en el marco del amparo presentado junto al presidente de la Comuna 8. Detalló que “la Asesoría Tutelar había pedido que le entreguen alimentos a un menor del barrio Lamadrid dado que su madre se encontraba aislada en un hotel por ser un caso positivo de Covid-19”. El magistrado hizo lugar al pedido, pero el Ejecutivo a cargo de Larreta lo recusó.
“Esta maniobra dilatoria no sólo no ayuda en nada a un proceso fundamental, sino que limita el avance de políticas públicas que intervengan en el momento más álgido de la pandemia, en los barrios más vulnerables”, advirtió Álvarez. Y agregó: “Ante necesidades urgentes, Larreta solo usa artilugios procesales para eludir sus responsabilidades institucionales. Esta es una muestra más de la poca voluntad al diálogo y al trabajo en conjunto. Acá hay una decisión política del Gobierno de la Ciudad y Larreta es responsable”.
El presidente de la Comuna 4 señaló, además que “van 82 días de cuarentena y aún no tenemos el protocolo para barrios vulnerables”.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad también denunciaron que "antes de la reunión de la Mesa de Trabajo conformada en la causa judicial, en una clara maniobra dilatoria para no cumplir con los derechos más elementales de los más pobres de la Ciudad, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recusó al juez quien, en un amparo, le había ordenado presentar un protocolo de acción ante la pandemia para los barrios populares y garantizarles suministro de agua, elementos de higiene y sanitarios”.
La legisladora Ofelia Fernández que integra la mesa de trabajo integrada por el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y Ministerio de Ambiente y Espacio Público y representantes de organizaciones sociales, los comuneros, el CELS, ACIJ, sostuvo que “hoy estábamos a un paso de avanzar en un protocolo, que aún con imperfecciones, mejoraba la situación actual. El GCBA recusa al juez y frenan el avance de la Mesa de trabajo. Se había logrado crear una instancia que poco a poco permitía discutir entre distintos actores y presionar al Gobierno de la Ciudad a que cumple su deber: garantizar los derechos de quienes peor la están pasando con esta crisis.”
En ese marco Ofelia expresó: “Dimos marcha atrás, estamos más lejos que ayer. 82 días de cuarentena y todavía estamos esperando que el Gobierno nos diga qué va a hacer antes esta situación", agregó.
Crónica sobre protocolo de acción en villas
Fueron los presidentes comunales peronistas de la 4 y 8 quienes presentaron una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad, solicitando se informe de forma urgente sobre los protocolos correspondientes para afrontar la pandemia del COVID-19. La decisión de ir a la Justicia se concretó luego de reiterados pedidos de informes que se realizaron al Ejecutivo porteño y de reuniones que no se concretaron la ministra de Desarrollo Social María Migliore y con funcionarios porteños del Ministerio de Salud.
Tal como anticipó este medio, Larreta no cumplió en primera instancia con la orden judicial, la Justicia amplió la cautelar que obliga al gobierno de la Ciudad a garantizar elementos de higiene e informar sobre protocolos, a todos los barrios populares, asentamientos y villas del territorio porteño, en el marco del amparo presentado por los jefes comunales de la 4 (Ignacio Álvarez) y de la 8 Miguel Eviner, ambas comunas dirigidas por representantes del Frente de Todos.
Vencido todos los plazos, el gobierno porteño presentó un protocolo sanitario, es que si no lo hacía se iban a aplicar multas de 30 mil pesos y una denuncia penal por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario contra los responsables.
El protocolo, tiene 11 páginas y entre otros puntos diseña las condiciones de aislamiento, la seguridad alimentaria, los dispositivos de distancia social y el trabajo para los casos de violencia de género y con adultos mayores, entre otros temas. Ahora quedará bajo revisión de la justicia.
El juez sostuvo que “las circunstancias que se plantean en este proceso revisten importancia, gravedad y urgencia, en tanto se trata de la protección de los derechos y garantías de las personas que conforman un colectivo vulnerable en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”.