Revista Qué
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Desde que comenzó el aislamiento social y obligatorio, el sistema de alcaldías de la Policía de la Ciudad contenía el 90% de las detenciones ordenadas por el sistema de justicia porteño y no se contaba con detenidos en comisarías. Sin embargo, en la primera quincena de junio, el 89% de los detenidos habían vuelto a ser alojado en comisarías.
Marcela Millán, quien presentó junto al defensor general Horacio Corti el habeas corpus aceptado el lunes pasado por el Juzgado Penal, Contravencional y Faltas N°3, a cargo de Carla Cavaliere, aseguró a Página 12 que “lo que está ocurriendo es una situación regresiva en términos de condiciones de detención, ya que el sistema de alcaldías significó una mejora en términos de derechos”.
La situación comenzó a complicarse cuando en el marco de la pandemia, las alcaldías fueron utilizadas para alojar a las personas con condena o con prisión preventiva con causas abiertas en los fueros nacional y federal, que hasta marzo eran derivados a las Unidades 28 (en Tribunales) y 29 (en Comodoro Py) y luego a las cárceles federales. Todas esas unidades entraron en un estricto protocolo por el coronavirus. “Eso generó un cuello de botella con las detenciones que se fue agravando desde el inicio del aislamiento y durante el mes de junio se terminó de agravar”, indicó a Página 12 Millán.
Tras la presentación del habeas corpus, el Juzgado PCyF N°3 fijo una mesa de trabajo en la que estarán presentes el MPD y la fiscalía porteña, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía de la Ciudad y los ministerios de Salud de la Ciudad y Nación. La justicia fijó reuniones conjuntas cada 15 días y un plazo de resolución de 60 días, mientras que exigió limitar al mínimo los tiempos de detención y las garantías mínimas de alojamiento.