Revista Qué
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En medio de la nueva cuarentena estricta, vecinos del barrio de Caballito denunciaron el inicio de obras de excavación en parte de un predio en el que se levantarán cuatro complejos de viviendas multifamiliar con galerías y cocheras comerciales. En tanto, voceros del Gobierno porteño aseguraron que "dichas actividades están autorizadas".
Los terrenos pertenecen al grupo IRSA, que desde hace una década intenta construir allí un shopping y un conglomerado de departamentos, no se logró concretar ya que, para eso, requiere de un cambio de zonificación de la superficie por parte de una ley de la Legislatura porteña.
En sus cinco intentos, el proyecto de cambio de norma urbana no fue aprobado debido a la falta de los votos necesarios para habilitar un emprendimiento con un tope de 28.000 metros cuadrados para un centro comercial que tendría nueve pisos de altura, cines y un estacionamiento.
Semanas atrás, en medio de la cuarentena por el coronavirus, los vecinos de la zona observaron el ingreso al predio en cuestión de unos diez camiones con materiales y pudieron percibir tareas de construcción y no dudaron en realizar una presentaron un amparo ante la Justicia porteña para que ordene la suspensión de los trabajos.
Ahora, el juez porteño Darío Reynoso notificó al Gobierno de la Ciudad para que en un plazo de cinco días se expida sobre un pedido de suspensión de los actos para la construcción de viviendas y un centro comercial en el barrio porteño de Caballito.
El juez le dio el mismo plazo a la empresa IRSA S.A. -que lleva adelante el proyecto que se desarrolla en la avenida Avellaneda al 1.400– para que conteste la medida cautelar pedida por el Consejo Comunal de Caballito número 6 (CCC6) y una junta barrial.
El magistrado decidió, además, convocar a vecinos e interesados para que, dentro del plazo de 10 días, realicen aportes en el expediente, pero sin repetir los argumentos expresados por los accionantes.
El amparo fue promovido para que se declare la nulidad de las actuaciones administrativas por las que se otorgó a IRSA S.A. el permiso para realizar las obras, serán más de un millar de viviendas, galerías y locales comerciales, en terrenos próximos al predio y la cancha del club Ferrocarril Oeste.
Los demandantes, quienes sostienen que los terrenos fueron adquiridos fraudulentamente, con la intervención de un juez luego destituido, afirman que se violó el Código de Planeamiento Urbano y que, si se concreta el proyecto, se producirá un daño irreparable al medio ambiente y a los habitantes del barrio.
El CCC6 y la junta comunal aseguraron que desde hace algunas semanas se realizan tareas, a pesar de las restricciones vigentes por la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y el dictado de normas que restringen o suspenden numerosas actividades por la pandemia, entre ellas las de construcción que no sean demoliciones excavaciones “de emergencia”.
Con esos argumentos se solicitó la medida cautelar que Reynoso, “en atención a la complejidad de la cuestión que aquí se ventila”, dejó supeditada a la eventual respuesta de los demandados, aunque exigió al GCBA copias digitalizadas del permiso que se habría otorgado para comenzar las obras.