Al gobierno porteño le vino como anillo al dedo el flujo de autos que comenzó a transitar la Ciudad, debido al plan de apertura que viene llevando a cabo. También es cierto, que muchos conductores utilizaron el aislamiento obligatorio para estacionar de manera incorrecta en las calles porteñas.
Por ello, que el gobierno que comanda Horacio Rodríguez Larreta dispuso hace tres meses el restablecimiento gradual del
acarreo de autos que están en infracción en la zona del micro y macro centro porteño, luego de detectar una suba de vehículos estacionados en lugares indebidos como rampas o ingresos a garajes.
Ahora, desde la Secretaría de Transporte explicaron que, en el marco de la emergencia sanitaria, en los últimos meses se tomaron distintas medidas cuyo objetivo era facilitar los traslados en vehículos particulares. Para eso, aumentaron un 21% la oferta de estacionamiento en la vía pública.
En ese sentido, explicaron que a partir de este jueves comenzará a labrar infracciones a los automóviles que se encuentren estacionados en lugares prohibidos. La medida obedece al mayor flujo de autos en las calles y avenidas porteñas por la reapertura de actividades en el territorio porteño.
En tanto, el estacionamiento libre seguirá vigente en los lugares habilitados por la pandemia (días hábiles de 7 a 21) y por el momento no está previsto que regrese el estacionamiento medido. En cambio, desde este jueves serán multados quienes estacionen en los lugares que siempre estuvieron prohibidos (paradas de colectivos, ciclovías, etc.).
A partir del 10 de septiembre, el estacionamiento de autos en espacios prohibidos tendrá una multa de $ 2.140 (100 UF). Mientras que los valores de las infracciones para autos que obstruyan lugares reservados para servicios de emergencia, paradas de transporte público, entradas de vehículos, ciclovías, carriles exclusivos, corredores de Metrobus, y zona de Macro y Microcentro será de $ 4.280 (200 UF).
En tanto que los autos que ocupen lugares que se encuentran reservados para vehículos de personas con necesidades especiales o rampas para personas con movilidad reducida recibirán una multa de $ 6.420 (300 UF). Las infracciones para los autos que violen el estacionamiento medido será de 2.140 (100 UF).
Según explicaron desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, la medida obedece al mayor flujo vehicular que se viene registrando en las últimas semanas a raíz de la reapertura de actividades comerciales en el ámbito de la ciudad. En este sentido, fuentes de ese organismo porteño señalaron que se debió “salir a ordenar el caos vehicular que se venía registrando al momento de estacionar”.
Decir que al gobierno porteño le viene como anillo al dedo restablecer de manera gradual el acarreo de vehículos no es en vano. Es que debido a la pandemia y el aislamiento obligatorio la ciudad con el presupuesto más alto a nivel nacional ha sufrido una pérdida colosal en términos de recaudación.
Cabe recordar que previo al coronavirus, el ejecutivo porteño se puso insistente no sólo con inundar la Capital con parquímetros (pasar de 4 mil a 86 mil), sino también en aumentar el precio un 66 por ciento (pasaría a costar 15 a 25 pesos la hora), pese a que una medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo obligó al mandatario a suspender la audiencia pública, que no es vinculante, donde se trataría el voluptuoso incremento.
Como si fuera poco, Larreta no sólo quiere recaudar con el incremento del servicio, sino que, además, buscará multiplicar más de 20 veces la cantidad de dispositivos en la Ciudad y ubicarlos en 13 de las 15 comunas. Sin ir más lejos, el Presupuesto que el Gobierno destinará para la instalación de las terminales digitales es de 611 millones de pesos.
Hecha la ley, hecha la trampa
Uno de los temas más escabrosos para el Gobierno de la Ciudad es poder explicar por qué tanto STO (Dakota S.A.) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I.) -las empresas que operan las grúas en CABA- siguen prestando el servicio. Es que el contrato de concesión del acarreo de autos y el estacionamiento medido se encuentra vencido hace casi veinte años, desde 2001. Según la ley N° 4.888, la Ciudad debía prestar el servicio desde fines de 2014. Sin embargo, el la administración porteña no cumplió el compromiso y, mediante la ley N° 5.728, otorgó nuevas prórrogas a las dos empresas encargadas de la explotación.