Revista Qué
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"Nos estamos movilizando a la jefatura de Gobierno de la Ciudad porque creemos que es una decisión política el no abrir las ferias para que podamos trabajar, teniendo en cuenta que se han abierto otras actividades económicas y nosotros también tendríamos que estar trabajando y en forma totalmente ordenada y segura", sostuvo Sita Díaz a Télam.
Cabe recordar que en el mes de junio, el titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, ordenó al Gobierno de la Ciudad que "abone a cuatro integrantes del colectivo la suma diez mil pesos para cada uno de ellos; a partir del mes de junio de 2020 y hasta tanto perduren las medidas de asilamiento social preventivo obligatorio y la consecuente imposibilidad de ejercer la tareas de elaboración y ventas de artesanías en la feria artesanal de la calle Perú, pago que deberá efectivizarse antes del día 10 de cada mes".
El titular del Juzgado N° 2 sostuvo que resulta innegable que "el Estado (ya sea el local o el nacional) no puede dejar abandonada a su suerte a las personas que como consecuencia de las medidas adoptadas para evitar la propagación de la enfermedad, se ven privadas de realizar la actividad productiva y/ o comercial con la cual obtiene los recursos para atender a sus necesidades básicas".
Gallardo dispuso además que "el GCBA deberá abonar la misma suma a aquéllos integrantes del colectivo actor que eventualmente se presenten en autos invocando una situación de emergencia que justifique el otorgamiento de la asistencia extraordinaria cautelar aquí acordada".