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La Coalición Cívica refuerza el amparo para intimar al Ejecutivo
Elisa Carrió y su espacio la Coalición Cívica (CC-ARI) reforzaran el amparo para intimar al Poder Ejecutivo a que designe a los miembros de la Autoridad de la Competencia.
La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió sus diputados y legisladores presentaron un amparo en el que intiman al Poder Ejecutivo Nacional a que remita nuevamente el pliego de designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia al Senado de la Nación.
Además, Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López denunciaron penalmente al presidente de la Nación Alberto Fernández, al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y a la secretaria de Comercio Paula Español, por incurrir en los delitos de incumplimiento de los deberes correspondientes a su cargo.
Además, Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López denunciaron penalmente al presidente de la Nación Alberto Fernández, al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y a la secretaria de Comercio Paula Español, por incurrir en los delitos de incumplimiento de los deberes correspondientes a su cargo.
“El kirchnerismo elimina el organismo que debe controlar el funcionamiento de la ley de defensa de la competencia, porque persigue el objetivo de lograr la nulidad de las causas que prueban la cartelización de la obra pública”, dijeron los diputados. “Es un paso más en el acuerdo de impunidad de Alberto y Cristina (Fernández de Kirchner)“, agregaron. Los miembros de la CC ARI se presentaron ante el Juzgado Penal y ante el Juzgado Contencioso Administrativo para incluir en la denuncia los nuevos hechos y para solicitar que se dicte sentencia sobre la omisión antijurídica requerida en el amparo.
"Estamos frente a un nuevo paso en el acuerdo desesperado de impunidad que hicieron el Presidente y su vicepresidente, que beneficia a Julio De Vido y otros funcionarios encargados de la obra pública del primer gobierno kirchnerista”, sostuvo Reyes.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, durante el Gobierno de Cambiemos, inició rápidamente un expediente por la cartelización de la obra pública en cuanto se conoció la causa de los cuadernos, en 2018. Esto debería estar siendo investigado y potencialmente sancionado por una autoridad independiente y autárquica, la Autoridad Nacional de la Competencia, con sus miembros designados por concurso público.
En diciembre de 2019, el ex presidente Mauricio Macri había enviado al Senado de la Nación los pliegos resultados del concurso público reglado, conforme la Ley 27.442, para darle la primera integración a la Autoridad Nacional de la Competencia, compuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Operaciones de Concentración. En febrero de 2020, el Presidente Alberto Fernández retiró los pliegos del Senado en el marco de la revisión de todas las contrataciones del personal del Estado, conforme el Decreto 36/2019.
Carrió, Reyes Ferraro y López presentaron un amparo, y los diputados firmaron una denuncia, penal dado que la ley establecía un plazo máximo para iniciar el proceso de conformación de la Autoridad Nacional de la Competencia, y el retiro de los pliegos los coloca en una omisión antijurídica y en un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
"Cuando el Presidente decidió anular todo lo actuado por Cambiemos en el concurso público y transparente, lo que decidió es que la causa de la cartelización de la obra pública sea analizada por funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y sentenciada por la Secretaria de Comercio Interior, la señora Paula Español" aclaró Reyes. “Esto significa que el kirchnerismo debería sancionar al kirchnerismo”, añadió el legislador porteño.
"Sancionamos una nueva ley de defensa de la competencia en 2018, logramos que esa ley fuera reglamentada y se convocara a un concurso. Esto era algo pendiente desde 1999 y, de un plumazo, se decidió ir para atrás. Esta resolución confirma todas nuestras sospechas sobre las motivaciones”, explicó Reyes. ”El Gobierno Nacional tomó la decisión de buscar algún argumento, aunque sea falaz, para poder justificar esta medida. La interpretación por la que deciden revocar todo el procedimiento es absurda y así pretenden justificar una decisión política asumida en el acuerdo de Alberto Fernández con Cristina Kirchner para ser su candidato a Presidente.”, argumentó el presidente del bloque de diputados nacionales de la CC ARI, Maximiliano Ferraro.
"Esta es una causa medular, una investigación de estas características en Defensa de la Competencia dio origen a la investigación de corrupción más escandalosa de Brasil y todo Latinoamérica. Evidentemente hay muchos interesados en que no se conozca la importancia del club de la obra pública y sus vinculaciones con los lobistas políticos y funcionarios. Necesitamos una Autoridad independiente para investigar esta causa, ir a fondo y llegar a las consecuencias que haya que llegar”, destacó Reyes.
“Se trata de una acción de impunidad de la corporación de la alianza de gobierno actual, nadie puede hacerse el distraído. La Autoridad de Competencia debe analizar las acciones del Gobierno con el club de la obra pública, pero también tiene que proteger a los consumidores y las pequeñas empresas frente a las grandes corporaciones”, Juan Manuel López, diputado nacional por la CC ARI. "¿Por qué no reglamentaron aún la ley de góndolas que sancionó el Congreso el año pasado?”, se preguntó. "Estamos frente a un pacto corporativo de parte del empresariado corrupto y el actual gobierno. Hoy dan marcha atrás con la conformación de la Autoridad, se olvidan de la ley de góndolas, y mañana van a venir a reformar la Ley de Defensa de la Competencia para cuidar los intereses del club de empresarios amigos de la política”, concluyó.