La Justicia suspendió la implementación del sistema de vigilancia facial en la Ciudad
Se debió a que se detectó que se estaba utilizando para obtener de forma ilegal de datos biométricos para acceder a los datos de personas que no eran buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales.
Nuevamente el Gobierno de la Ciudad quedó involucrado en un escándalo de espionaje, es que la Justicia porteña suspendió la implementación del sistema de reconocimiento facial de prófugos tras detectar que se estaba utilizando de forma ilegal para acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, como por ejemplo dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
El fallo judicial lleva la firma del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además determinó que se secuestren computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a fin de utilizarlas como pruebas.
Según consignó la agencia de noticias Télam, en la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.
Cabe recordar que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
Las búsquedas de datos biométricos de ciudadanos que no están en ninguna de esas situaciones fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Renaper, a cuyos archivos acude el sistema de reconocimiento facial de CABA cuando requiere de las imágenes de alta definición que acompañan la documentación personal de todos los ciudadanos.
Entre las personas que no contaban con pedido de captura pero que fueron investigadas a través de este sistema se encuentran: Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro, Aníbal Fernández, Sergio Massa, Myriam Bregman, Ricardo López Murphy, José Luis Espert, Javier Milei, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Alejandra Magdalena Gils Carbó, Eugenio Zaffaroni, Gabriela Boquín, Carlos Rosenkrantz; Gustavo Sylvestre, Joaquín Morales Solá, Viviana Canosa, Eduardo Feinmann, Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto, entre otros.