Las manifestantes marchan este jueves desde temprano en distintas columnas rumbo al Ministerio de Desarrollo Social y no se descarta que realicen un acampe en la 9 de Julio. Cuál fue la respuesta desde Gobierno.

El Gobierno sigue sin poder controlar los piquetes y se vive otra jornada de caos en la 9 de Julio

En la Ciudad de Buenos Aires se vive una nueva jornada caótica marcada por los cortes de calle, las manifestaciones y la posibilidad de un acampe frente al edificio de Desarrollo Social, tal como ocurrió hace algunos meses, según deslizaron desde la conducción de la Unidad Piquetera, que comenzó desde temprano su plan de lucha en reclamo de más alimentos y programas sociales.

Asimismo, los organizadores expresaron que la desconcentración se daría desde las 16, asi que por lo tanto, se espera que a las 17 los cortes en la 9 de Julio estén liberados.

Sin embargo, a pesar de que garantizaron que no van a extenderse más allá de ese horario, fueron muchos los trabajadores y trabajadoras que esta mañana han sufrido demoras en el centro porteño para llegar a sus empleos por la congestión que provoca una movilización de tal magnitud.

Cómo comenzó la manifestación que generó caos en las calles del centro porteño

Llegaron Con bombos y banderas, quienes al lugar reclaman ya por la creación de trabajo genuino y

De acuerdo a lo que se conoce, la única forma en la que desistirían sería si Juan Zabaleta los recibe en pos de cumplir con el plan de asistencia alimentaria a los barrios más pobres y un salario básico de $100.000 que piden los piqueteros.

Aunque desde el ministerio de Desarrollo que conduce Zabaleta ya anticiparon que, por séptima vez, no los recibirá si es que llegan precedidos por una manifestación de miles de personas dispuestas a llevar adelante este plan. El motivo es que esta posición fue considerada por los funcionarios nacionales como “belicosa” y “extorsiva”.

Tras esa negativa, los manifestantes resolvieron convocar a la marcha y concentraron desde temprano en la esquina de las avenidas Corrientes y 9 de Julio y la esquina de la avenida Independencia y 9 de Julio, para luego marchar a la sede de la cartera que conduce Zabaleta.

Cifras de las ayudas sociales

Si se toma en cuenta que hasta el mes pasado los beneficiarios del Potenciar Trabajo reciben 19.000 pesos mensuales en concepto de haberes, y son unos 60.000 las personas agrupadas en el PO, la recaudación mensual sería de 22.800.000 pesos mensuales. La cifra anualizada asciende a 273.600.000 pesos.

A pesar de esto, los piqueteros consideran que esa cifra no es suficiente y pedían incorporar a más beneficiarios a este programa.

Desde hace diez meses, fecha en la que asumió la cartera en lugar del diputado nacional Daniel Arroyo, hizo pública su decisión de “convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, transformando las prestaciones o los trabajos precarizados en ‘incentivos para la contratación’ bajo la forma de ‘empleo asalariado registrado en el sector privado’” tal como se sostienen en el decreto 711/2021.

Qué dijeron desde el Gobierno sobre los piquetes

"El Ministerio de Desarrollo Social dialoga permanentemente con las organizaciones sociales, pero también "exige que se cumplan algunos requerimientos que tienen que ver con las contraprestaciones de los planes sociales", afirmó hoy la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

En un escenario de inflación descontrolada e índices de pobreza en alza, los reclamos sociales por las necesidades básicas como vivienda y empleo se multiplican en el país.

Cómo es el reparto del dinero para planes sociales

Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022 el Gobierno transfirió a estas entidades $6.511.518.775, es decir, $54.262.656 por día, según pudo saber TN al acceder a información oficial,

Es más del doble de lo que dio el año pasado, cuando repartió unos $21 millones por día. En otras palabras, se duplicó la plata, pero el problema se agrava, con una inflación galopante de por medio.

Las demandas sociales y la dificultad del Gobierno para controlar las calles

A su vez, es sabido que estas transferencias en buena medida se usan para comprar herramientas o alimentos, aunque también las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera aseguran que el principal problema radica en que se necesita abrir el Potenciar Trabajo, que actualmente posee 1,2 millones de beneficiarios.

Qué dicen desde las organizaciones

Las organizaciones argumentan que 1,3 millones de personas que integran la economía popular están en condiciones de cobrar el Potenciar Trabajo, pero el Gobierno se niega a abrir la canilla por cuestiones presupuestarias. El kirchnerismo duro dice que esto responde al acuerdo con el FMI. De ahí nace buena parte de las críticas a Martín Guzmán y la cartera de Economía.

Cuáles son algunas de las organizaciones beneficiadas

La Asociación Mutual Senderos, que obtuvo unos $20.371.869. Se trata de la obra social de los trabajadores de la Economía Popular y forma parte de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), de la que Grabois es uno de sus referentes.

El dirigente social aceptó que tiene vínculos con la mayoría de las asociaciones que recibieron dinero de parte del Ministerio de Desarrollo Social, pero afirmó que “no conduce ninguna”.

“Seamos Libres Para el Fomento de la Cultura Popular en los Barrios” que obtuvo $41.522.945) e integra la UTEP que conduce Esteban “Gringo” Castro.

La Asociación Civil Mujeres Evita que integra el Movimiento Evita de Emilio Pérsico - secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social- también recibió plata del Estado: $37.400.000.

El dinero se envía mediante transferencias en concepto de subsidios o créditos no bancarios y se utilizan para comprar herramientas de trabajo, alimentos o acciones vinculadas a intentar cubrir las necesidades de quienes conviven con la economía social.

La distribución de la plata muestra el poder que con el tiempo ganaron las asociaciones y entidades que se nuclean en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). En rigor, buena parte de las asociaciones y cooperativas que reciben el dinero están vinculadas a esta organización.

Tal es el caso de la Asociación Civil La Poderosa, que recibió en lo que va del año unos $82.213.379. Por su parte, a la Asociación Ser.cu.po (servicio a la cultura popular) se le envió $84.042.053. Está vinculada al movimiento campesino indígena y en el sur del conurbano trabaja en barrios populares.

Obispados y clubes de fútbol también recibieron millones de pesos

Estas organizaciones funcionan de alguna manera como un brazo para el Estado, es decir, le permiten llegar adonde con sus propias herramientas no puede, a lo más profundo de los barrios.

Con este dinero, las asociaciones y entidades realizan tareas socio comunitarias en comedores, merenderos, clubes de barrio, tareas productivas en polos textiles, carpinterías y se financia la compra de alimentos.

También entre los beneficiarios hay obispados, que en su totalidad recibieron $84.802.925. De estos, el que más obtuvo es el de San Justo (más de 55 millones de pesos). También hay casos particulares, como el club Alumni -que durante el amateurismo fue uno de los más ganadores del fútbol argentino- que recibió $1.761.000 y la Asociación Propietarios de Embarcaciones de Pesca Artesanal de Subsistencia y Afines de Mar del Tuyú, con unos $4.078.000. Particularidades entre la extensa lista de las 300 entidades que recibieron dinero este año.

Retroalimentación del conflicto social

Federico Delgado: “Se mezclan la judicialización de la política y la politización de la Justicia”

-A partir de lo que fue el reciente fallo sobre la megatoma de tierras en La Plata y las posturas contrarias que tomaron los dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿considera que existe una criminalización hacia los reclamos de los sectores más vulnerables?

-Me parece que el fallo del juez Ramos Padilla fue objeto de una malversación semántica. El texto revela algo muy diferente a la sedimentación mediática. Desde esa perspectiva creo que la dirigencia en su conjunto tiende a eludir responsabilidades políticas y a depositar el problema en la Justicia. A partir de allí, los usos político-partidarios de la judicialización de la política son evidentes.

-Tras los constantes reclamos hacia los fallos judiciales, ¿existe una intención de deslegitimar la Justicia?

-No sé si hay una intención explícita, creo que la deslegitimación es una consecuencia natural de los reclamos permanentes de quienes quieren una Justicia “a la carta”. Pero también noto que la Justicia asiste en silencio, como institución, a ese proceso. De acuerdo con esa mirada, el formato del poder político en nuestro país necesita una cuota de impunidad para funcionar, y la Justicia, como sistema, garantiza esas cuotas.

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