26 de diciembre de 2022
VECINOS EN PIE DE GUERRA
La Justicia volvió a suspender las obras del parque lineal de Caballito
El juez Víctor Trionfetti, titular del Juzgado N°15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, frenó las obras de la concesionaria Miavasa por la fuerte "contaminación sonora".
La Justicia porteña ordenó nuevamente la suspensión de las obras del Parque Lineal que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) construye en la Avenida Honorio Pueyrredón del barrio de Caballito.
Ahora, el juez Víctor Trionfetti, titular del Juzgado N°15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, frenó las obras de la concesionaria Miavasa por la fuerte "contaminación sonora" que generan los trabajos y ordenó a la empresa y al GCBA que garanticen las medidas necesarias para evitar los ruidos. Los vecinos y vecinas continúan reclamando la suspensión definitiva de la obra e impulsan un proyecto alternativo para la avenida.
"El juez paró la obra por la contaminación acústica que se está dando en el barrio con la construcción del Parque Lineal. Uno de los peritos de la causa informó que no estaban cumpliendo con la protección auditiva de la obra, que va a seguir parada hasta que no resuelvan eso", indicó a Página/12 Gustavo Torchinsky, integrante de S.O.S Caballito, la agrupación que presentó la acción de amparo por la que comenzó el proceso judicial.
La obra prevé 16.623 metros cuadrados de espacio público renovado con 9.556 metros cuadrados de zonas verdes y 7.067 metros cuadrados de espacio peatonal nuevo con un presupuesto de $497.155.461 pesos.
De esta forma, el parque lineal conectará las plazas 24 de septiembre y Giordano Bruno mediante un corredor verde de ocho cuadras de largo y entre 10 y 13 metros de ancho. Habrá mobiliario público como bancos, canchas de fútbol-tenis y postas aeróbicas. A los plátanos y robles de la avenida se sumarán 204 árboles de otras 18 especies, detallaron fuentes oficiales.
Cabe recordar que la obra estuvo detenida por una medida judicial que impusieron los vecinos de la Comuna 6 y que luego fue ratificada en la Cámara de Apelaciones, dado a que alegaron que no hubo un proceso de participación ciudadana, lo que conllevó a que el Gobierno porteño convocara a una audiencia pública, aunque no tuvo carácter vinculante.