Denuncian al Gobierno de Larreta de querer implementar una “relocalización compulsiva” de vecinos del Barrio Mugica

Jonatan Baldiviezo, titular de la ONG, sostuvo a Página 12 que “quieren generar esta herramienta para validar los desalojos mientras envían a la Legislatura un nuevo proyecto para reurbanizar, que flexibilice las garantías que impone la ley sancionada en 2009 y que legalice todas las cosas que hicieron en la zona por fuera de los marcos legales”.

El texto que no lleva membrete ni firma, fue presentado hace diez días a los delegados y consejeros del barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31-31 bis) por personal de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU), explicó Baldiviezo.

El escrito en cuestión propone “un modelo socialmente responsable para la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de procesos de ‘relocalización involuntaria’ de poblaciones” en el marco de la urbanización del barrio Carlos Mugica. Y define las relocalizaciones como procesos complejos “planificados, compulsivos, desiguales” que se aplican por “razones legales, técnicas y/o políticas” sobre poblaciones que deben desplazarse porque “no tienen opción de permanecer en el lugar”.


 

Atento a lo que dicta el artículo 9 de la Ley N° 3343, –“de urbanización del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional”–, el mismo establece que la implementación del proyecto “no implicará desalojo forzoso alguno”. Asimismo, estipula que para aquellos habitantes –de acuerdo al censo poblacional establecido en el artículo 3º– “cuyas viviendas necesiten ser relocalizadas se garantizará, en acuerdo con los mismos, una solución habitacional de similares características”.

La normativa mencionada creó una Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa, integrada por diversos organismos, que funcionó en 2010 y 2011 cuando finalmente se aprobó el dictamen de urbanización.

El representante de la ONG explicó que “desde 2011 hasta este año el Gobierno porteño no le da bolilla a la ley, y ahora necesitan legalizar lo que hicieron por afuera, como modificar las alturas de las viviendas que se iban a construir, la cantidad, el destino del terreno de Flecha Bus, que era para viviendas sociales y no para privatizarlo como hizo Macri por decreto. O los servicios públicos que debían hacerse de nuevo, y el Gobierno dice que va a hacer sólo una parte y mejorar lo ya existente. Lo mismo ocurre con el cambio de la traza de la Autopista Illia, que tampoco estaba contemplado ni el parque lineal en altura sobre la vieja traza”, detalló Baldiviezo.

“Al mismo tiempo, necesitan flexibilizar dos artículos de la ley que son garantías rígidas para los vecinos del barrio: el que los protege de desalojos forzosos y el que les garantiza que la solución habitacional debe ser dada dentro del polígono que fija la ley. Y para esto necesitan una nueva norma que ya están preparando para enviar a la Legislatura”, agregó el presidente de la ONG.

Baldiviezo asegura que “están utilizando el criterio de desalojo por ruinas para apropiarse de los inmuebles. Si una vivienda tiene riesgos no siempre la solución es la demolición”. Además, señaló, “la ley autoriza el desalojo, no la demolición, ya que la gente tiene derechos y sus domicilios son tan inviolables como el de cualquier habitante de la ciudad”, y advirtió que la decisión “fue llamativa, ya que la orden de desalojo fue firmada por el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta”. Baldiviezo añadió que “quienes la ejecutaron fueron más allá del decreto, que ordenaba desocupar, pero no demoler".

El protocolo establece en qué situaciones no hay opción y se relocalizará “involuntariamente”: “Sectores emplazados en zonas de riesgos (bajo autopista, cercanía a las vías del FFCC, en sectores con peligro de derrumbe)”; Construcciones que, “por sus características técnicas irrecuperables”, en consideración de la SECISYU “ameriten su relocalización”. “Con esa discrecionalidad el desalojo forzoso será la regla en el Barrio”, finalizó Jonatan Baldiviezo.