Se cumplió un año de la sanción de la ley de Electrodependientes, que beneficia con un tratamiento tarifario especial y gratuito a los pacientes de todo el país. Sin embargo es el Poder Ejecutivo de cada provincia el encargado de reglamentar y designar la autoridad de aplicación y asignar las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de sus fines.
La ley nacional fue aprobada hace un año, el 17 de mayo de 2017. Los fundamentos de la ley nacional señalan que "los usuarios electrodependientes constituyen una tipología de usuarios residenciales que merecen por su condición atención especial que garantice su accesibilidad, efectiva integración e inclusión al régimen jurídico específico del servicio público de distribución de energía eléctrica, que en definitiva propenda a resguardar plenamente los valores supremos de la libertad y la justicia teniendo por base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana".
De esta manera el Estado porteño quedaría obligado a aplicar esta norma nacional. "Consideramos la pertinencia de esta ley bajo la finalidad de mitigar el daño social producido por los permanentes aumentos de la tarifa eléctrica, y con el objeto de proteger a todas las personas electrodependientes eximiendo a estas del pago del suministro y dándoles tratamiento especial en materia de provisión de energía", agregó Montenegro.
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