Revista Qué
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La justicia ordenó 27 allanamientos a distintos dirigentes y militantes piqueteros por supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales para que se acerques a las diferentes movilizaciones y vendan al público alimentos y productos distribuidos por programas que ejecutaba el ex Ministerio de Desarrollo Social. Las denuncias surgieron a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134 que habilitó el Gobierno.
Entre los acusados aparecen, entre otros, Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, que integran el Polo Obrero y otros grupos que administraban comedores populares. También está bajo la lupa la actuación del Movimientos Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Frente de Organizaciones en Lucha
Según pudo indagar La Tecla “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
“De las intervenciones efectuadas se desprendía que las actividades de los imputados se orientaron a su vez a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados”.
Por su parte, la ministra de Capital Humano denunció que casi la mitad de los comedores y merenderos que recibían asistencia del Estado no existían. Según los datos que surgen en la denuncia el 47.7% no funciona más como tal y el 25% de las direcciones no existe o nunca hubo un merendero. La ministra dijo que, “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘funcionaba’ en un country”.
Sandra Petovello, ministra de Capital Humano.
La denuncia se realizó por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública” y plantea “la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.