A pocos días de cumplirse dos años de la tragedia de Iron Mountain, el diputado del Frente para la Victoria Gabriel Fuks reclamó que el Jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, coloque en su agend...
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A pocos días de cumplirse dos años de la tragedia de Iron Mountain, el diputado del Frente para la Victoria Gabriel Fuks reclamó que el Jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, coloque en su agenda de prioridad el esclarecimiento del hecho, rodeado de aparentes irregularidades que afectan la gestión pública.
“Necesitamos que el Ejecutivo priorice la investigación en su agenda política y coopere en pos del esclarecimiento, más al conocer públicamente que el incendio fue intencional”, apuntó el también vicepresidente del bloque del FpV en relación a lo determinado por la Policía Federal tiempo atrás.
Acompañado por diputados de la oposición y oficialistas, Fuks presentó un proyecto solicitándole al Ejecutivo que brinde su “más amplio apoyo y colaboración en los procesos administrativos y judiciales” que giran en torno a la investigación.
“El esclarecimiento de la tragedia es una deuda que tenemos no sólo con los familiares de las víctimas sino como sociedad”, exigió el legislador porteño, que desde hace un tiempo está abocado a los pormenores de la tragedia en la que murieron 10 servidores públicos.
La iniciativa cuenta con las firmas de los diputados kirchneristas María Rosa Muiños, Claudio Heredia, Lorena Pokoik, y Magdalena Tiesso, la titular del bloque Confianza Pública, Graciela Ocaña, y los diputados interbloque ECO: Hernán Rossi, Marcelo Guouman, Patricia Vischi y Natalia Fidel (SUMA +) y Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico).
En la mañana del 5 de febrero de 2014, un depósito de la empresa Iron Mountain, encargada de la custodia de documentación de distintas compañías, se vio cubierto por llamas. En el siniestro murieron 8 bomberos y 2 rescatistas de Defensa Civil al caerse una pared del galpón, ubicado en la calle Azara 1245 del barrio porteño de Barracas. Según las pericias posteriores, se confirmó la intencionalidad del incendio.
Irregularidades
La confirmación de la intencionalidad despertó una serie de denuncias de distintas irregularidades, entre las que aparece comprometido el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por caso, el inspector de Trabajo de la Ciudad, Edgardo Castro, crítico de la gestión macrista, enfatizó que varias actuaciones o sanciones en distintas empresas se frenaron a partir de “una orden” de Mauricio Macri.
En su momento, el titular de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y de Lavado de Activos (PROSELAC), Carlos Gonella, ya solicitó varias medidas de pruebas debido a que el principal cliente de la firma es el Banco HSBC, que en la actualidad se encuentra inmerso en una polémica por los swissleaks y la filtración de información sobre las cuentas off shore de varios clientes. Todas ellas, no declaradas en los respectivos países de origen.
Incluso, en el momento en el cual surgió la denuncia por la organización de la fuga de divisas y las cuentas en suiza, el HSBC dio como repuesta a la AFIP “que no podía dar información porque toda esa información había sido quemada en el incendio, que ahora se confirma que estamos en presencia de un atentado intencional”, había señalado el ex auditor porteño Eduardo Epsztein.
Por otro lado, Fuks presentó tiempo atrás un pedido de informes sobre el otorgamiento de exenciones a la empresa Iron Mountain en el Distrito Tecnológico de la Ciudad. La firma estuvo investigada por la AFIP por evasión fiscal, “con domicilio en las Islas Caimán y con antecedentes de incendios confusos en distintas partes del mundo como Canadá, Reino Unido, entre otros”.
Por otro lado, la contratación de una empresa para digitalizar todos los archivos de la Agencia Gubernamental de Control vuelve a despertar interrogantes sobre el expediente de la firma Iron Mountain, del que se dijo que se extravió. Se trata de la la contratación de la firma Administradora de Archivos S.A. (AdeA).
En la Legislatura, hubo varios intentos infructuosos para interpelar a funcionarios, señalados como responsables por el caso, como el entonces subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor –premiado en el gobierno nacional– y el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión.
