El registro fílmico de la agresión de un cuidacoche, o mal llamado “trapito”, a un automovilista que se negó a pagar en San Martín reabrió un debate largo sobre la actividad en la Ciudad de Buenos Air...

El registro fílmico de la agresión de un cuidacoche, o mal llamado “trapito”, a un automovilista que se negó a pagar en San Martín reabrió un debate largo sobre la actividad en la Ciudad de Buenos Aires: en medio de la coyuntura el PRO apunta ahora a exponer al kirchnerismo, que siempre se ha opuesto a la prohibición.

El presidente del bloque amarillo, Francisco Quintana, dejó claro en distintas intervenciones periodísticas y en las redes sociales que volverá a proponer el debate en el recinto. “Los demás bloques de la @LegisCABA no nos acompañaron en el proyecto para prohibir trapitos” escribió en un tiro por elevación a los K.

Ahora, el PRO piensa en volver a llevar la discusión al recinto. Y ya tiene las manos del espacio de Graciela Ocaña, Confianza Pública –que se mostró a favor de la iniciativa– para llegar al mágico número de 31 y conseguir la aprobación que tanto le ha costado en los últimos años.

Los números bailan en la mente de más de un macrista: aprobar la ley de prohibición es, ante todo, una victoria ante el Frente para la Victoria y las fuerzas de izquierda que han rechazado esa medida al considerar que se trata de una “criminalización”.

La prohibición de los “trapitos” se impulsó en la Legislatura en cuatro ocasiones, pero en todas ellas no contó con el consenso necesario de la oposición. Incluso el debate alcanzó su clímax cuando Macri vetó en 2012 una ley que regulaba la actividad de los cuidacoches, votada sólo por la oposición.

En 2015, Quintana volvió a la carga con dos proyectos uno para prohibirlos “durante la realización de espectáculos deportivos” y el otro lo hace extensivo a otro para “las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público”.

En ambos casos, el proyecto estipula multas de $500 a $3000 para aquellos que realicen esta actividad en el espacio público. En tanto, si los mismos actuaran dentro de un perímetro de 30 cuadras a la redonda del estadio o sede de realización de cualquier espectáculo masivo, las multas podrían variar entre $ 5.000 y $ 30.000 o con 1 a 10 días de arresto.

Por otro lado, desde el kirchnerismo insisten en que la instalación del tema por parte del PRO “es pura demagogia” y advierten que el Código Contravencional no permite la actividad. “Como representantes de los porteños, no podemos avalar una legislación que criminaliza situaciones de trabajo precarias que deben ser resueltas por otros medios”, había apuntado Pablo Ferreyra el año pasado.

Ocaña apuntó a la tarea policial

“En la Legislatura nosotros apoyamos que se trate el tema de los trapitos, pero bloques como el FPV se han negado a tratarlo. El caso de San Martín muestra claramente el manejo de esta mafia”, publicó la titular de Confianza Pública, Graciela Ocaña, en su cuenta de Facebook.

La dirigente junto a sus dos diputados Marcelo Depierro y Diego García de García Vilas se convirtió en un fuerte respaldo para el PRO. Ocaña expuso que los cuidacoches son “la mano de obra” una sistema en el que cuestionó a la policía por la falta de controles o hasta de connivencia. “Queremos empleados públicos laburando y policías que no sean parte de estas mafias”, apuntó.

La regulación de la actividad

Desde el Frente para la Victoria y bloques de izquierda insisten en que prohibir la actividad implica “criminalización y por eso apuntan a un marco regulatorio que anule la mafia oculta. La creación de un registro, con permisos revocables, zonas rotativas, pago voluntario y control público es parte del esquema propuesto desde la vereda enfrente al PRO y que constituyó la esencia de la ley vetada por Macri.

Para el dirigente de Seamos Libres y diputado del FpV, Pablo Ferreyra, el proyecto del PRO no resuelve la situación de los cuidacoches y limpiavidrios. “Esto responde a una lógica de persecución de la pobreza y del trabajo informal en lugar de aplicar soluciones laborales reales y crear un marco legal”, había afirmado el año pasado.

Apostillas

- “Queremos aprovechar este episodio para debatir en la Legislatura. Estamos en contra de la regulación de la actividad; la prohibición tiene que ser la regla, pero puede haber excepciones”. Quintana en declaraciones periodísticas.

- En 2011, el kirchnerismo, la Coalición Cívica, la UCR y Proyecto Sur aprobaron el marco regulatorio, luego vetado, en febrero, por Mauricio Macri.

PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA Nº 69 DE QUÉ

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