Larreta vuelve a insistir con los grandes negocios inmobiliarios

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta envió a la Legislatura porteña el pedido de excepciones al Código Urbanístico, luego de suscribir acuerdos con desarrolladores inmobiliarios que solicitan cambios de norma para sus proyectos constructivos. Ciudad fundamenta que las “contraprestaciones”, insertas en los convenios, se utilizarán para amortiguar la emergencia sanitaria en la Ciudad.

En diálogo con Revista Qué el vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Javier Andrade marcó que "estamos asistiendo a un hecho histórico en el que el gobierno de la Ciudad vende constructividad al mejor postor" y se preguntó "¿Cómo? Admitiendo mayor constructividad y altura a cambio de una contraprestación dineraria mínima en comparación con los altos beneficios del privado, Sería bueno mencionar que el nuevo Código no prevé contraprestaciones dinerarias para los Convenios Urbanísticos. Por esta razón entre otras, la Ley no es pareja para todos, al que pueda pagar, el Gobierno de la Ciudad le adapta el Código". 

Andrade que ha seguido cada debate del Código urbanístico también relato que "para mayor gravedad, se trata de terrenos que pertenecían al Estado Nacional, que la gestión del ex Presidente Macri vendió a privados, quiénes lo pagaron a un precio acorde con lo que se podía construir allí. Ahora, el GCBA le cambia la norma y el aumento del precio de los predios es apropiado por los privados propietarios de la tierra".

Según un informe elaborado por el equipo de Andrade al que accedió este medio, se trata de terrenos en Puerto Madero, Villa Crespo y  Palermo.

En las tierras de Puerto Madero, la parcela 1c de la manzana 1Q de la sección 97. Esta parcela es la resultante de la subdivisión de la parcela 1b de la misma manzana, que pertenecía a la Corporación Puerto Madero y fue subastada y adquirida por un privado.

La norma aprobada –y vigente ahora- estableció que en este sector sólo podía construirse un edificio entre medianeras que podía alcanzar 23,60m, llegando hasta los 29,50 con retiros. Total: PB+9.

La modificación habilita a construir un edificio de perímetro libre (torre) de 140m de altura (PB+45 pisos aprox.). Habilita un basamento de 3m que ocupará el total del terreno de la parcela y por encima de eso la torre.

La contraprestación para el Estado es el pago de U$S2.500.000 para la construcción de un parque en memoria de las víctimas de atentado a la AMIA en un terreno de la Ciudad junto al Parque de la Memoria y para la emergencia COVID 19.
 

Otro de los convenios que Larreta firmó con privados es sobre el Terreno ubicado en Fitz Roy 801, subastado por la AABE. El convenio urbanístico pertenece a Koolhaas S.A, el terreno lo adquirieron mediante subasta pública nacional n° 1/17 por un monto total de U$S 13.600.000. Las tierras pertenecían al Estado Nacional y fue subastado por la AABE junto a un gran como de terrenos en la Ciudad. La superficie total construible ronda los 40 mil metros cuadrados.

Sin embargo, a través del convenio la nueva norma le permitirá construir 51 mil metros cuadrados, con una altura de 37,60m. Además, se permite la ocupación de la totalidad de la parcela con un basamento y luego una torre encima. La parcela está afectada por la Ordenanza 24.802 (que ya ordena afectar una franja de 40m a los lados de los terrenos linderos al ex FFCC Gral. San Martín).

El tercer convenio que el gobierno porteño pactó con desarrolladores inmobiliarios, es el de la Sastrería Militar. El convenio abarca dos manzanas contiguas en la Comuna 14, ambas pertenecieron al ENA hasta que la gestión del entonces presidente de la Nación Mauricio Macri las subastó y fueron compradas por las empresas que firmaron el Convenio con el gobierno porteño, propiedad de la misma persona. 

En una de las parcelas se construiría –la parcela que alojaba el edificio de la Sastrería Militar- y en la otra se demolería el edificio y se haría un espacio verde público, cediéndola a la Ciudad. 

Según pudo indagar el equipo de trabajo de Andrade, si bien no hay pruebas de que los edificios sean anteriores a 1941 –lo que los enmarcaría en la Ley 3056- ya aparecen en las fotos aéreas de 1965 y –al menos en el caso del de la Sastrería, entre la antigüedad, la conformación del edificio y la historia de la institución que aloja, resulta indudable su valor patrimonial. En cuanto a la otra manzana, que ocupara la Obra Social de las FFAA, se trata de un edificio similar, ambos forman un conjunto bello y muy bien adaptado a su entorno. 

Para Andrade "la parcela a construir es lindera al Campo Argentino de Polo, lo que la hace inmobiliariamente muy deseable debido a las vistas privilegiadas que ofrece". 

Según el convenio firmado, la empresa puede construir un basamento de 11m de altura que tapizará todo el terreno absorbente de la parcela y encima de este, una torre. Alcanzarán los 96m. Además, se les permite construir balcones de 1.50m de ancho con vista al Campo de Polo sin contabilizarlos dentro de los metros cuadrados permitidos.

 

En ese marco, el legislador Javier Andrade manifestó que "las contraprestaciones incluyen magros hechos urbanísticos, como una plaza a 6 cuadras de los Bosques de Palermo –que servirá para hacer más rentable el emprendimiento, ya que se ubicará justo frente a su acceso- o una franja de terreno en Villa Crespo que ya la Ley obliga al dueño a ceder".

No hay Código, Plan Urbano ni Ley que valga, tampoco seguridad jurídica ninguna. Mientras discutimos una modificación sustancial a un Código que no tiene dos años de sancionado y nos aprestamos a discutir el Plan Urbano Ambiental, Ley marco que rige la gestión urbana, el Gobierno sigue trayendo modificaciones parciales, motivadas por negocios para los más poderosos. Nos dijeron que con el nuevo Código se terminaban las torres sorpresa, pues bien, todos estos convenios habilitan la construcción de torres de hasta 140m. ¿Qué pasó?", se preguntó el legislador del Frente de Todos.