La iniciativa proyecta crear una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), “las que actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención”, se explicó en las comisiones. El objeto de la norma es “trabajar sobre los principios y deberes éticos, las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y la aplicación de sanciones por incumplimiento de los deberes”, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder en materia judicial y manteniendo las funciones de los organismos de control ya creados y en funciones. “La ley de ética pública de 2013 ha quedado corta en relación con los estándares internacionales”, indicó la diputada. “La integridad pública significa un estándar superior a la ética y requiere precisar las responsabilidades institucionales”, manifestó la autora del proyecto Cecilia Ferrero. |