Piden desestimar las denuncias contra Larreta por las clases presenciales

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, recibiera varias denuncias en su contra por mantener la presencialidad de las clases desconociendo el DNU presidencial que las suspendía, el fiscal federal Ramiro González le solicitó a la jueza federal María Servini que desestime las causas en contra del alcalde local. 

En ese sentido le pidió que “en legal tiempo y forma vengo a solicitar la desestimación de las presentes actuaciones; de compartir el criterio aquí expuesto, se desestime la presente denuncia porque no se advierte ningún hecho con relevancia penal que permita a esta parte promover la acción para poder así empezar con una investigación criminal” e insistió en que “la judicialización de la política -más en este contexto- que se propone en estos casos, excede el ámbito válido habilitado por la jurisdicción del poder judicial y rompe el límite de una zona vedada para su intervención”. 

En el dictamen, González sostuvo que “no debe soslayarse que, de los hechos puestos en conocimiento, de ningún modo se vislumbra un alzamiento público por parte de los denunciados sino que más bien nos hallamos ante la mera descripción de planteos -por las vías institucionales correspondientes a todo estado democrático- efectuados por los nombrados relacionados con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DNU 241/2021” e insistió en que “debe considerarse que la cuestión actualmente se encuentra en manos de nuestro más alto tribunal de justicia, quien tiene en definitiva la tarea de poner un punto final al conflicto aquí suscitado”. 

Sobre esa misma línea precisó que “entrar en consideraciones acerca de los temperamentos adoptados por los diferentes magistrados que hasta el momento han intervenido, no sólo no corresponde a esta instancia sino que, además, supondría inmiscuirse en cuestiones que resultan ser de exclusiva competencia de nuestra Corte” y consideró que “pretender que esta instancia evalúe cuál de las resoluciones debe acatar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. 

“Resulta imperioso extraer testimonios de los actuados, en relación con la resolución dictada por la Sala IV de la Cámara Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones del Consumo, y sean remitidos al titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para que en el marco de sus competencias materiales, determine la pertinencia de iniciar una investigación por algún otro delito o contravención que surja de estos hechos”, sentenció.