Después de que se conocieran las imágenes de efectivos policiales apresando a un hombre que estaba mendigando en la vía pública, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa a través de la cual prevén generar nuevas herramientas para frenar la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en el distrito capitalino.
El proyecto recientemente presentado por las legisladoras Lucía Cámpora, María Bielli, Ofelia Fernández, Victoria Montengro, Claudio Morresi, Laura Velasco y Lorena Pokoik (FdT), alcanza a las fuerzas policiales, y/o de seguridad que estén bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad y busca otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.
De esta manera establece que “los Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional deben garantizar la recepción y tramitación de denuncias administrativas de casos de violencia institucional las cuales deberán ser atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales y/o de seguridad” y aclara que “las vías de denuncias serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión”.
Además sostiene que “una vez recibida la denuncia administrativa de un caso de violencia institucional, en el que se presuma que el hecho configure delito de instancia privada, la autoridad del área de recepción de denuncias debe asesorar a la víctima en todo lo atinente a la realización de la denuncia” y remarca que “en caso de que se presuma que el hecho configure delito de instancia pública la autoridad de recepción debe radicar de oficio la denuncia judicial”.
A su vez la iniciativa promovida por la oposición propone crear el Registro de Violencia Institucional de la Ciudad, el cual tendrá como función registrar, clasificar y sistematizar los casos de violencia institucional.
“Si de la denuncia presentada surgieran pruebas que hicieran verosímil el hecho denunciado y estuviera identificado el o la presunto autor, juntamente con el inicio del sumario administrativo, la autoridad correspondiente a la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, atento a la gravedad del hecho denunciado, dispondrá la pertinencia del pase a disponibilidad o la separación preventiva del o los agentes acusados, independientemente del avance de la causa judicial, hasta tanto concluya el sumario administrativo”, estipula el texto.
Al mismo tiempo que establece la obligatoriedad de la formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales; busca instalar principios sobre los cuales debe basarse el uso de armas de fuego son los de proporcionalidad, legalidad y gradualidad; entre otros puntos.
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