Horas antes de que venciera el plazo para presentar el Presupuesto 2022, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Martín Mura, envío a la Legislatura porteña una carta en la que dio a conocer los motivos que llevaron a que se demorara la presentación del mismo. No obstante, esta no es una situación nueva, dado a que pasó lo mismo en los últimos años.
Según informó el funcionario las demoras se deben a que el Frente de Todos (FdT) aún sigue delineando el Presupuesto para el próximo año y que el bloque oficialista en el Congreso nacional tiene “pocas certezas” acerca de cómo será el mismo.
Esta incertidumbre en torno a las variables macroeconómicas que se definirán a nivel nacional es una de las razones para demorar el envío del cálculo de gastos y recursos que tendrá la Ciudad el año que viene. Además, en los últimos días se anunció que se introducirán modificaciones en el expediente.
La misiva completa
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a propósito de la presentación del Presupuesto General para la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que regirá durante 2022.
El presupuesto general de gastos y recursos consiste en la expresión del plan de gobierno de una administración, el cual debe servir como principal herramienta para la promoción del bienestar general de quienes habitan y visitan la Ciudad.
La ejecución presupuestaria debe dinamizar los distintos factores económicos existentes, definir las prioridades del gobierno en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad y la asistencia a los sectores que más la necesitan, y estimular además las actividades comunitarias que se llevan adelante en su jurisdicción.
En ese sentido, a mediados de año comenzamos con el análisis y la programación presupuestaria de todas las áreas de gobierno, con el objeto de plasmar dichas prioridades, en el marco de un amplio plan de gestión.
En lo que respecta a la planificación presupuestaria, durante los últimos años, desde la Ciudad hemos respetado, como referencia, las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional, a través de las cuales se determinan las proyecciones de gastos y recursos, como así también el programa de financiamiento, con el objetivo de homogeneizarlas con las cuentas nacionales.
Sin embargo, desde el ingreso del proyecto de ley de presupuesto al Congreso de la Nación, distintos integrantes de la coalición gobernante a nivel nacional ya han manifestado la intención de revisar y modificar el presupuesto y, como consecuencia, su cuadro macro fiscal para el próximo año.
Al mismo tiempo, durante estas últimas semanas, el gobierno nacional ha dejado trascender, a través de los medios de comunicación, su intención de implementar nuevas medidas económicas, financieras y fiscales, las cuales no están previstas en el ejercicio presupuestario actualmente en ejecución y que tendrán, además, un significativo impacto presupuestario.
Entre las medidas ya anunciadas, o próximas a anunciarse, figuran la implementación de una nueva etapa del IFE; la suba del Salario Mínimo Vital Móvil; el incremento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias; el proyecto de ley para jubilaciones a mayores de 55 años con 30 años de aportes previsionales; y la iniciativa para condonar deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social para entidades, clubes de barrios y sociedades de fomento, sin límites de monto; entre otras.
Resulta inevitable señalar que la cristalización de tales modificaciones y nuevas medidas alterarían radicalmente las previsiones presupuestarias para lo que queda del presente año, así como también las proyecciones estimadas para el año 2022.
De concretarse este escenario, se verá modificado el cuadro macro fiscal y, consecuentemente, las principales variables macroeconómicas proyectadas (inflación, tipo de cambio y crecimiento), las cuales -como ya mencionamos- son la base de la elaboración del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, resulta necesario aclarar que algunas de estas modificaciones impositivas afectarán directamente los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, rubro que explica más del 10% de los recursos totales de la Ciudad.
De manera adicional a lo comentado, aún persiste una gran incertidumbre respecto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, cuyo resultado modificará sustancialmente el mercado financiero al que la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires puedan acceder a futuro.
A esto se suma el vencimiento del plazo procesal a través del cual el Gobierno nacional deberá responder la demanda iniciada por la Ciudad en septiembre del 2020, con motivo de la quita unilateral e intempestiva de la Coparticipación. Confiamos en que la Corte Suprema de la Nación se expida, a la mayor brevedad posible, a favor del federalismo de concertación y de las autonomías provinciales.
Justamente, la no resolución de dicho conflicto nos vuelve a obligar a presentar un presupuesto de contingencia para el 2022, tal como sucedió este año, lo que provoca para la Ciudad una pérdida de previsibilidad en el manejo de recursos, gastos e inversiones, impidiendo -por ejemplo- concretar el plan de obras oportunamente previsto, con lo que se termina afectando la calidad de vida de los vecinos de la Ciudad, así como también la de todos los argentinos que día a día vienen a trabajar, a estudiar o simplemente a visitarla.
Por todas estas razones, y dada la importancia y la transparencia que revisten los presupuestos públicos, creemos conveniente postergar la presentación del proyecto de ley de Presupuesto de la Ciudad, hasta que exista una mayor claridad y certeza en lo que respecta a la conformación del cuadro macro fiscal y a las variables macroeconómicas del presupuesto nacional.
De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires podrá elaborar, con la mayor precisión posible, su cálculo de gastos y recursos para el próximo año y así cumplir con los principios de continuidad, veracidad y factibilidad con los que, año tras año, elabora su política presupuestaria.
Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo de la Ciudad se compromete y garantiza su participación ante la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de ese cuerpo legislativo, con el objeto de informar de manera detallada el alcance de la planificación presupuestaria para el 2022 y de responder todas las consultas que surjan de la presentación de dicho proyecto de ley.
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