Tras las movilizaciones y revueltas que sacudieron a Chubut en los últimos días, los diputados nacionales de la Coalición Cívica emitieron un comunicado en el cuestionaron duramente al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, por el avance de la minería en la provincia y también cargaron las responsabilidades contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
En ese sentido, desde ese espacio manifestaron su “preocupación por el avance de los proyectos de minería a gran escala en los departamentos Telsen y Gastre de la Provincia del Chubut, y llamamos al pueblo y al Gobierno chubutense a velar por el mantenimiento de la paz social y a buscar soluciones basadas en el diálogo y la concordia”.
Asimismo consideraron que “el reciente anuncio del Gobernador Mariano Arcioni, de derogación de la ley de zonificación minera sancionada el pasado 15 de diciembre, va en la dirección correcta”.
“Estamos convencidos que en estas viejas recetas no está la llave del desarrollo real y a largo plazo. La mera extracción de nuestros bienes naturales, sumada a los riesgos de contaminación inherentes a ello, no pueden ser el único camino para que nuestro país salga de una vez por todas del atraso, la pobreza y la desidia que este tipo de actividades nos dejó”, sentenciaron.
El comunicado completo
Desde la Coalición Cívica manifestamos nuestra preocupación por el avance de los proyectos de minería a gran escala en los departamentos Telsen y Gastre de la Provincia del Chubut, y llamamos al pueblo y al Gobierno chubutense a velar por el mantenimiento de la paz social y a buscar soluciones basadas en el diálogo y la concordia. Creemos que el reciente anuncio del Gobernador Mariano Arcioni, de derogación de la ley de zonificación minera sancionada el pasado 15 de diciembre, va en la dirección correcta.
Esta norma, fuertemente impulsada por el Gobernador y acompañada por el Presidente Alberto Fernández, nos habla de un paradigma de desarrollo en el cual no se propicia la sostenibilidad y la preservación de nuestros bienes naturales, sino que se continúan priorizando soluciones cortoplacistas que tienen como consecuencia territorios saqueados, contaminados y un tejido social fragmentado.
Estos intentos de avanzar en la minería ya sucedieron en Famatina, en Andalgalá, en Jáchal y ahora se vuelven a repetir en la provincia de Chubut, donde ya en el año 2003, el 82% de los vecinos de Esquel le había dicho “no a la mina”, sentando las bases para la sanción de la ley XVII N° 68 (antes Ley 5.001) en la que se prohibió la minería a cielo abierto en toda la provincia.
La nueva ley, sancionada a espaldas de la ciudadanía y a libro cerrado, no garantizaba la protección ambiental, ya que permitía el uso indiscriminado del agua en una provincia con una emergencia hídrica declarada y habilitaba la utilización de potenciales contaminantes. Finalmente, no contaba con licencia social, lo que se vio demostrado en las masivas movilizaciones que se hicieron eco en distintos puntos del territorio nacional, forzando el reciente pedido de derogación por parte del poder ejecutivo provincial, quien la había promulgado tan solo unos días atrás. Esto nos obliga a seguir muy de cerca los próximos pasos en la estrategia del gobierno provincial para lograr la concreción de los proyectos mineros, en una provincia cuyo pueblo ha dicho, una vez más, “no a la mina”.
Desde 1993, la minería en nuestro país cuenta con un régimen especial que le otorga seguridad económica las empresas del sector a través de estabilidad fiscal y beneficios que le significaron al Estado nacional un gasto tributario de $7.441,1 millones en 2021, y que se pretende aumentar a $12.444,3 millones para 2022, según el proyecto de presupuesto nacional. Esta última cifra supera incluso las partidas asignadas a la Promoción Industrial, marcando la preferencia de “desarrollo” del Gobierno.
El andamiaje jurídico minero, profundizado con el kirchnerismo, posibilitó que las empresas extranjeras capitalicen grandes ganancias, dando lugar a una extracción indiscriminada, contaminando territorios y diezmando las economías regionales de las provincias mineras, en las que no se han verificado mejoras significativas sus índices socioeconómicos.
Estamos convencidos que en estas viejas recetas no está la llave del desarrollo real y a largo plazo. La mera extracción de nuestros bienes naturales, sumada a los riesgos de contaminación inherentes a ello, no pueden ser el único camino para que nuestro país salga de una vez por todas del atraso, la pobreza y la desidia que este tipo de actividades nos dejó. Solo hay Nación posible si generamos valor y crecimiento desde la innovación, la producción sostenible y el respeto por nuestros bienes comunes.
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