PROYECTO
11-05-2022

Sobrevivientes de la tragedia pidieron la expropiación de Cromañón

Junto a los familiares de las victimas volvieron a presentar en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa mediante la cual buscarán expropiar y restaurar el predio, así como también resguardar “los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural”.

Sobrevivientes de la tragedia pidieron la expropiación de Cromañón - Revista Que

Varios años después de haber presentado el proyecto de ley, los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón volvieron a exigirle a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que avance con el texto que busca promover la expropiación del terreno de Bartolomé Mitre 3060, en el barrio de Once, donde se encuentra el boliche en el que murieron un terrible incendio 194 personas en diciembre de 2004.

El proyecto en cuestión fue presentado por primera vez en 2019 y plantea la expropiación del predio ubicado a metros de plaza Miserere y una "partida para su restauración y mantenimiento" para "resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria colectiva de la ciudad".

La iniciativa tuvo el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por lo que durante la última reunión de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Victoria Montenegro (FdT), los familiares y sobrevivientes le reclamaron al oficialismo porteño que habite el tratamiento de la misma. 

En ese contexto la madre de Julián Rozengardt –una víctima de 18 años-, Silvia Bignami, afirmó que “la memoria forma parte de la justicia, entonces de qué sirve que los responsables vayan a la cárcel si no podemos reflexionar sobre los hechos”.

En tanto, la legisladora Montenegro se comprometió a trabajar para la sanción del proyecto al entender que en el local donde funcionó Cromañón “no puede funcionar nada que no sea un espacio de memoria y de conciencia”.

Cabe recordar que la expropiación de bienes está contemplada por la ley 238, que impone que cuando existiera un "fin público" el Estado puede hacerse de él, previa autorización legislativa y pago de una compensación que los dueños no pueden rechazar.