Luego de que el Frente de Todos (FdT) presentara en la Legislatura porteña un proyecto de ley para suspender el acarreo hasta que se regularicen las licitaciones vencidas hace 20 años, el auditor por el FdT Lisandro Teszkiewicz dio a conocer un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires reveló que en el año 2016, las dos empresas que se encargan del acarreo de vehículos en territorio porteño, Dakota S.R.L. y BRD S.A., lograron cubrir el canon anual que tienen que abonar al Gobierno local por la concesión con poco más del 1% de sus ingresos.
El informe en cuestión fue firmado por todos los auditores entre ellos los que forman parte de Juntos por el Cambio. En el mismo se detalla que BRD tuvo un ingreso total ese año por $57.477.750 -la tarifa estaba en $750- como consecuencia de los 76.637 acarreos que realizó y tuvo que abonar un canon anual de $660.000, es decir que con el 1,15% de su facturación cubrió el canon anual. La situación para Dakota no fue diferente, ese mismo año realizó 84.919 acarreos lo que le representó un ingreso de $63.689.250 de los cuales tuvo que pagar $660.000 de canon anual, el 1,04% del total.
El mismo documento tomó también los dos años anteriores: en 2014 BRD realizó 72.598 acarreos por un total de $25.409.300, en ese entonces la tarifa estaba en $350. De ese monto total de ingresos la empresa tuvo que abonar un canon anual de $360.000, lo que representó el 1,42%. Al año siguiente, se aumentó la tarifa pero además se le cobró $300.000 anuales más de canon. El total de vehículos levantados por las grúas fueron 76.818 a una tarifa de $450, lo que representó un ingreso de 34.568.100, es decir que cubrió el pago a la Ciudad con el 1,91% de los ingresos.
Por lo que Dakota mantuvo la misma situación. En 2014 realizó 81.505 acarreos por un total de $28.526.750 y tuvo que pagar el mismo canon lo que era el 1,26% de sus ingresos. Al año siguiente fueron 82.577 acarreos, lo que le generó un total de $37.159.650 en ese concepto de los cuales, con el aumento del canon, tuvo que destinar el 1,78% para pagarle a la Ciudad.
Hoy en día la situación es diferente. Después de que la ley de estacionamiento medido que se sancionó en 2016 fuera declarada inconstitucional luego de que el ex legislador porteño Gustavo Vera fue a la Justicia porque consideró que el mecanismo de aprobación no cumplió con la normativa establecida (y aunque él mismo se mostró a favor de una actualización del canon) recién a fines de 2019 se pudo contar con un nuevo proyecto que amplió las zonas a cubrir por las empresas que decidieron presentarse a la licitación.
Entre 2016 y 2018, la Dirección General de Concesiones llevó adelante un plan de readecuación de todos los cañones que tenía el Gobierno. A cargo de Pablo Dirocco, durante ese lapso se renovaron 65 concesiones y se generó un aumento total del 101,37% en términos reales (ajustados a la inflación). Fue en este lapso que se intentó avanzar con la mencionada normativa que quedó obstaculizada en la Justicia.
Por fuera de eso, y con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con cifras confiables para la inflación mensual, se adecuaron los cánones de Punta Carrasco, Costa Salguero, el Golf de Buenos Aires y el Buenos Aires Design, que históricamente habían tenido litigios con la Ciudad al respecto.
Al respecto Teszkiewicz afirmó que “no sólo con el acarreo pasa eso, a esa cifra hay que sumarle el acuerdo que rubricó la Ciudad en 2007 mediante el cual se comprometió a hacerse cargo del 20% del extra en los sueldos de los empleados de ambas empresas. Por este mecanismo entre 2014 y 2016 BDR recibió $170.820.033 mientras que Dakota $164.590.661” e indicó que “los pagos efectuados por el GCBA a las concesionarias en los últimos años muestra un comportamiento creciente en relación a los ingresos que el GCBA obtiene en concepto de multas por mal estacionamiento, llegando los mismos en el año 2016 al 59% en el caso de BRD S.A. y al 50% en el caso de DAKOTA S.A.”.
Sobre esa misma línea, aseveró que “el gobierno de Rodríguez Larreta entiende que la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, producto de la pandemia, es un buen momento para que el sector privado haga negocio en detrimento del bolsillo de las y los porteños. El gobierno porteño decidió duplicar el servicio de grúas para los ‘mal estacionados’ que va en contra del uso de transporte privado y por tanto las medidas de prevención del coronavirus”.
“A estos costos de operación, no dicen que desde el 2001 vienen facturando unos XX millones anuales y lo que pagaron al Estado es un irrisorio canon de 55 mil pesos mensuales”, comentó el auditor peronista y concluyó precisando que “hoy en día, la tarifa de acarreo se incrementó un 45% pasando a costar el valor del traslado con grúas a $4.350. A esto hay que sumarle el costo de multa que fluctúa entre los $3900 y los $11700 dependiendo el tipo de infracción”.
|
