AUDIENCIA PúBLICA
16-02-2022

Para la Defensoría del Pueblo, el Distrito Joven solo es una “puesta en valor” de un terreno

Así lo aseguró la titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Bárbara Rossen, quien advirtió que “el Estudio de Impacto Ambiental también es inexacto, insuficiente y, sobre todo, perjudicial”.

Para la Defensoría del Pueblo, el Distrito Joven solo es una “puesta en valor” de un terreno - Revista Que

En el marco de las audiencias públicas para analizar el masterplan del Distrito Joven, la titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Bárbara Rossen, cuestionó con dureza la iniciativa y  aseguró que solo se busca poner en valor una fracción del terreno ribereño. 

La funcionaria fue quien tomó la palabra en la audiencia por pedido expreso de la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, por lo que aprovechó la ocasión para criticar los estudios de Impacto Ambiental que se realizaron en ese terreno de 14 hectáreas, ubicado en la Costanera Norte de CABA, que se busca destinar a espacios recreativos, culturales, gastronómicos y de entretenimiento.

En su alocución, Rossen criticó los Términos de Referencia del proyecto, a los cuales calificó de “inexactos, desactualizados e insuficientes”, y al Estudio de Impacto Ambiental, al cual también criticó por “inexacto, insuficiente y, sobre todo, perjudicial”.

Según la arquitecta, el estudio “no analiza un proyecto urbanístico de escala metropolitana, sino apenas la ‘puesta en valor’ de una franja de terreno”.

Además, para Rossen, se “pierde de vista que el Master Plan se articula en forma inmediata con un aeropuerto internacional, un inmenso estuario (escasamente estudiado), una Reserva Ecológica y un gran espacio en conflicto como Costa Salguero”.

Asimismo, la arquitecta aseguró que como “el agua del Rio de la Plata está contaminada y toda la ribera porteña se encuentra entre el Riachuelo (una de las tres cuencas más contaminadas del planeta) y el arroyo Medrano (también contaminado), a este Estudio se le debió exigir que valore este problema, para planificar las medidas destinadas a mitigar los riesgos cuando las actividades se pongan en funcionamiento”.

La representante de la Defensoría del Pueblo pidió que “la autoridad de aplicación (la APRA) tenga un elevado nivel de exigencia a la hora de evaluar este estudio”, ya que “nuestra experiencia frente a los estudios aprobados por el Gobierno porteño no es alentadora”, aseguró la arquitecta.

Entre otros puntos, Rossen cuestionó que el mencionado estudio destaca que le faltó información: “¿Por qué se presentó el Estudio si no se contaba con información necesaria? Al desinterés por la calidad de la información técnica se suma el uso de fuentes de información desactualizadas”, aseguró la arquitecta. 

“Para el caso de la calidad del agua se utilizan informes de ACUMAR del año 2012, no obstante, este organismo informa de manera permanente a cerca de la calidad del agua. Y, para el análisis de los Residuos sólidos urbanos, se utiliza un cuestionable estudio de la facultad de ingeniería del año 2011, pese a que existe información más actualizada, oficial y privada”, concluyó citando dos ejemplos.